La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados ofreció a asesores y asistentes parlamentarios respetar sus contratos laborales hasta el 31 de julio y entregar el finiquito correspondiente, bajo la advertencia de que deberán esperar tres meses para volver a trabajar en la siguiente legislatura.
De esta forma la Jucopo dio marcha atrás al acuerdo administrativo de concluir la relación laboral con los trabajadores contratados bajo el esquema de servicios profesionales, a partir del 30 de abril.
Desde febrero, se avisó a los trabajadores de la ola de despidos que habría en abril, lo que generó manifestaciones de inconformidad y reclamo sobre el destino que habría sobre cerca de 500 millones de pesos presupuestados para salarios.
Sin lograr una respuesta positiva a un día de que concluyeran las labores legislativas, los asesores parlamentarios tenían programada a mediodía una manifestación.
Mientras la Jucopo estaba reunida para acordar los temas de fin de periodo de sesiones.
El vocero de los trabajadores, Iker García, relató que antes de la protesta fueron advertidos que, si entraban al pleno, había la instrucción de remitirlos al Ministerio Público, por la violación del recinto legislativo.
En la reunión donde los trabajadores fueron amagados con el uso de la fuerza participaron la secretaria general, Graciela Báez; el secretario de Servicios Administrativos, Carlos Cummings; y Carlos Noriega, director de Resguardo.
La protesta que estaba programada a las 13:00 horas se postergó.
Sin embargo, cerca de las 15:00 horas se realizó la manifestación en el vestíbulo del edificio A, en el acceso principal al pleno, donde exigieron solución a su demanda.
Los trabajadores de la Cámara se colocaron alrededor de los accesos al pleno y gritaron "acuerdo hoy".
El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, recibió a una comisión de trabajadores, a quienes comunicó el acuerdo que recién había tomado la Jucopo, de sí respetar los contratos firmados hasta el 31 de julio.
Al concluir la reunión con Godoy, Janette Campero, de la comisión de trabajadores, informó a sus compañeros que les ofrecieron respetar los contratos, lo que se consideraba como un "extraordinario resultado" sobre sus peticiones.
"Se van a cumplir los contratos hasta su fecha de término, con su respectiva gratificación, se va a respetar.
"La solicitud es que ese acuerdo se aterrice el día de hoy, no se espere más, que se dé la garantía del acuerdo de forma pública, de que este derecho de muchas legislaturas se siga contemplando para todos los que estamos contratados y tenemos contrato público, con fecha de terminación.
"La gratificación, bajo ninguna circunstancia es negociable", dijo.
Agregó que los asesores y asistentes parlamentarios deberán estar conscientes que al finiquitar el contrato el 31 de agosto y recibir la gratificación, deberán esperar tres meses para volver a ser contratados.
"La congruencia debe caber en nosotros y por ley esa espera es obligatoria", remarcó.
Agregó que no deberá haber represalias para los trabajadores, de no ser contratados la próxima legislatura por haber participado en el movimiento.
Iker García resaltó que los diputados no estaban haciéndoles un favor, que solo estaban cumpliendo con la ley y que seguirían en alerta, hasta que tengan el acuerdo firmado.
"¿Cuántas veces han escuchado la promesa de un político que no se cumpla? 500 mil veces, queremos ver el acuerdo firmado.
"El enojo interno por la 'pisotiza' que nos dieron, la incertidumbre, ahí queda. La mancha política en la carrera política de Nacho Mier no se va a borrar", expresó el vocero de los trabajadores.
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