La certeza que empieza a convertirse en variable

México como Estado moderno, nació de la mano de un sistema de partido preponderante, un régimen electoral que no brindaba equidad de la contienda y con un árbitro más preocupado por garantizar la materialización del dedazo, que por generar certeza en las elecciones.

Durante la transición democrática, las fuerzas políticas por medio del conceso empezaron la construcción de reglas equitativas, pero también la consolidación institucional primero que permitiera que todos los partidos políticos tuvieran confianza en el árbitro electoral, segundo que la ciudadanía se convirtiera en el eje central de la institución que contaría los votos y, por último, la salida del Ejecutivo en la toma de decisiones, para garantizar la imparcialidad del órgano.

Posterior a la reforma del sexenio de José López Portillo que reconfiguró el sistema político-electoral, las grandes reformas, buscarían consolidar al árbitro que vigilaría las elecciones, la reforma Salinista, Zedillista, Calderonista y hasta la Peñista, de tener un árbitro que era empleado del Ejecutivo, transitamos a su ciudadanización, para posteriormente otorgarle plena autonomía, y finalmente la protección de la democracia frente a los excesos de los virreyes locales y el abuso del dinero.

Las reformas políticas para ser funcionales requieren un conceso con las fuerzas políticas, es un pacto de confianza, se basan en la idea de respetarse como competidores y darse entre ellos la certeza de que los procesos electorales garanticen la posibilidad de que cualquier instituto, puede hacerse del poder, de ahí que la existencia de un árbitro imparcial es un requiso sine qua non, de cualquier sistema democrático.

Construir el INE como lo conocemos fue un proceso complejo, es producto de muchas luchas previas a la transición, pero como órgano, podemos identificar que se genera por la desconfianza en la Secretaría de Gobernación y la necesidad de Carlos Salinas de legitimar un mandato manchado por la sombra de la famosa “caída del sistema”; posteriormente es producto de la política zedillista de la “sana distancia” y la necesidad de apertura democrática ante un país que se abría económicamente al mundo; a ello también se suma el conflicto post electoral del 2006 y los cuestionamientos sobre la llegada de Felipe Calderón; y por último, los cuestionamientos de derroche en las campañas electorales del 2012 y la forma en cómo pudieron beneficiar a Enrique Peña Nieto.

En una democracia incipiente como la nuestra, existe falta de madurez política por parte de los aspirantes a ocupar un espacio, por ello su constante cuestionamiento a la imparcialidad del árbitro, sin embargo, la mayor parte de la ciudadanía mostraba confianza en el INE y en consecuencia, los conflictos post electorales no encontraban eco en la sociedad, por lo que se podían procesar de forma democrática e institucional.

Pese a la confianza ciudadana en el INE e incluso de ser uno de los pilares que garantizaran el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, el árbitro electoral no era bien visto por el nuevo Gobierno, ello en razón de la necesidad de la instauración de un régimen de post verdad que se basa en el dicho del fraude electoral del 2006.

A lo largo del sexenio lopezobradorista el INE ha sido objeto de intentos de profunda colonización, sin embargo, su diseño institucional hizo compleja la tarea, el nombramiento de los consejeros previo a la elección intermedia no representó un triunfo en sí mismo para el partido gobernante, ello en razón de que el propio texto constitucional, privilegia la expertis como elemento central para la designación; por lo que sería hasta la tómbola, que se logró hacer un daño considerable al árbitro, toda vez que desde ahí, su legitimidad se vería mermada.

El árbitro electoral siempre será objeto de cuestionamientos por parte de los competidores, pero debe gozar de pleno reconocimiento por parte de la ciudadanía, sin embargo, hoy pesan sobre los miembros de la herradura de la democracia, señalamientos sobre su incapacidad para frenar los actos anticipados de campaña y garantizar el respeto a la Ley, así como generar acuerdos incluso sobre su funcionamiento interno, sobre la calidad de su trabajo y ahora sobre la fiabilidad en el padrón electoral.

En una democracia siempre debe existir la duda ¿Quién ganará el proceso electoral?, pero no puede existir dudas sobre la actuación del árbitro, toda vez que ello se traduce en falta de certeza y de equidad; desde hace años el INE era una certeza para la ciudadanía e incluso para la mayoría de los actores políticos, lamentablemente hoy se empieza a convertir en una variable, y ello es un grave problema para nuestro sistema político.

Con la crisis de legitimidad que pueden generar los cuestionamientos sobre el INE y la actitud enfermiza de los actores políticos de violar la Ley, será obligado reconstruir el pacto político, pero ante la polarización y la incapacidad de dialogo, ese futuro no se ve muy alentador para nuestro país.