La consejera del INE Dania Ravel advirtió que la inhabilitación de la presidenta del Instituto Electoral de Oaxaca, Elizabeth Sánchez, por un tribunal administrativo, es irregular, pues corresponde al Instituto Nacional Electoral determinar su destitución.
La consejera local denunció que le quieren aplicar prisión preventiva tras ser acusada de mal uso de recursos públicos.
El 14 de septiembre de 2023, la contraloría del organismo electoral oaxaqueño determinó suspender temporalmente a la consejera presidenta por la presunta infracción administrativa.
Ravel informó que ante este hecho, el INE presentó un juicio en la Sala Superior del Tribunal Electoral, y los magistrados determinaron que "sólo el Consejo General es competente para remover a las consejerías electorales del OPL", por lo que revocó el acuerdo del contralor, además de ordenar la reinstalación de la presidenta.
También se le informó que en caso de infracciones graves por parte de los consejeros, el Órgano Interno de Control debía notificar al INE.
Pese a ello, el pasado 2 de abril la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción de Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca emitió una resolución en la que se determinó la inhabilitación temporal de Sánchez por un año.
"Ante tal situación, el INE presentó el 21 de abril el incidente de incumplimiento de sentencia SUP-JE-1450/2023 y su acumulado SUP-JDC-371/2023. En virtud de que se realizaron acciones para desacatar una sentencia firme y definitiva en la que se precisó, con toda claridad, la esfera competencial en lo concerniente al régimen de responsabilidades de las y los consejeros electorales del OPL de Oaxaca.
"Con las acciones realizadas por el INE se pretende proteger la autonomía del IEEPCO, de los OPL, así como el Sistema Nacional de Elecciones", afirmó la consejera.
En una carta pública, Sánchez llamó a organizaciones de la sociedad civil, electorales y de derechos humanos defenderla, pues, consideró, la acusan sin pruebas.
"Lo más peligroso de todo esto es que la unidad de medidas cautelares determinó que yo represento un riesgo alto para la sociedad, los testigos y la víctima (que curiosamente es el contralor). Por ello, el que se me imponga la prisión preventiva y me priven de mi liberad es inminente.
"Hago un llamado urgente a organizaciones de la sociedad civil y a los organismos internacionales de derechos humanos: lo que me está ocurriendo es una violación grave al sistema que debería protegernos de los abusos del Estado", afirmó.
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