Mercado inmobiliario urbano

Los ayuntamientos en México tienen un papel crucial en la configuración de las ciudades a través de la regulación de la propiedad y del mercado inmobiliario, un poder respaldado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115. La facultad de los municipios para formular y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano no es simplemente una cuestión de ordenamiento territorial; es una herramienta poderosa que influye en la calidad de vida de sus habitantes, en la equidad social y en la vitalidad económica de la comunidad.

Según la Constitución, los municipios están facultados para controlar y vigilar la utilización del suelo en sus ámbitos de competencia territorial.
Si bien estas facultades ofrecen la posibilidad de guiar el desarrollo de manera equitativa y sostenible, también plantean desafíos significativos.
Esto incluye otorgar licencias y permisos para construcciones, una tarea que no se ha valorado en su justa dimensión, pero que tiene un impacto directo en el acceso a la vivienda y en las características de los barrios, colonias y fraccionamientos.

Las decisiones municipales en zonificación y permisos de construcción deben, por lo tanto, balancear el crecimiento económico y las necesidades de la población actual y futura. No es aventurado suponer- dice la Guía Global del Espacio Público de ONU-HABITAT - que muchos de ellos (los habitantes originarios) se retiran a vecindarios y suburbios más a su alcance, convirtiéndose en los nuevos viajeros cotidianos a sus empleos, con el consecuente impacto en la movilidad y la calidad del aire por contaminación vehicular, entre otras cosas; el crecimiento urbano y la especulación inmobiliaria pueden conducir a la gentrificación, nombre asignado a este fenómeno.

La participación en la creación y administración de reservas territoriales es otra área de influencia municipal que afecta el mercado inmobiliario. Al participar en la formulación de planes de desarrollo regional que deben estar en concordancia con los planes generales, el municipio tiene la oportunidad de asegurar que el desarrollo inmobiliario no solo responda a las demandas del mercado, sino que también cumpla con objetivos de sostenibilidad ambiental y social.

Esto va de la mano con la intervención municipal en la regularización de la tenencia de la tierra urbana como una cuestión fundamental para la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria. El catastro debe ser certero, confiable y eficaz para controlar la titularidad de la tierra y el cobro de las contribuciones vinculadas a ella.

Para que esto funcione, el ayuntamiento debe comprometerse con la transparencia y la participación de la ciudadanía, que debe estar informada y ser consultada en los procesos de planificación. Este diálogo abierto no solo es un derecho, sino una necesidad para asegurar que los desarrollos urbanos reflejen las necesidades y deseos de quienes habitamos la ciudad y no sea solo un tema de mercado.