3 de 3 tumba 13 candidaturas en SLP

Ley 3 de 3 contra Violencia cumple 11 meses

El 24 de mayo de 2023, hace exactamente 11 meses, el Senado de la República elevó a rango constitucional la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, que establece que será motivo de la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

Así como por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

De incurrir en estos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Potosinos elegirán 533 funcionarios

Esto cobra importancia en estas fechas porque la de este 2024 será la primera elección en la que se aplicará esta nueva ley, que aparentemente no todos han tomado en serio, sin embargo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) ya recibió el informe del Poder Judicial del Estado del análisis de los expedientes de los aspirantes a los 533 cargos disponibles.

Estos cargos son 58 presidencias municipales; 387 regidurías; 64 sindicaturas de mayoría relativa; 15 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional.

El Ceepac recibió 14 expedientes

La consejera Zelandia Bórquez Entrada informó que el Ceepac recibió 14 expedientes de personas que se registraron para una candidatura a un cargo de elección popular, que tienen una sentencia firme por violencia de género y por deudor alimentario, por lo que no pueden ser candidatos para el presente proceso electoral.

Dijo que los aspirantes que incumplen la Ley 3 de 3 contra la Violencia representan el 2.6 por ciento de las 533 posiciones que serán votadas. "De esas 14 personas, en siete casos se informó a los partidos para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, pero hasta este momento, desconozco lo que los partidos pudieron responder para saber si se quedaba dentro o fuera esa candidatura. De las otras siete personas, estamos verificando la información con los expedientes que nos remitió el Poder Judicial para poder informar a los partidos".

La consejera explicó que el nombre, el tipo de candidatura y partido no se harán públicos debido a la protección de datos personales.

Son 13 los que no podrán registrarse por violentadores

Bórquez Estrada detalló también que son distintas las conductas que se imputan a estas personas; hay una que es deudora alimentaria, pero la gran mayoría han cometido lesiones en contra de mujeres, es decir son violentadores; destacó que en el caso del deudor alimentario tiene hasta 13 días antes de la elección para comprobar que ha cumplido con sus obligaciones, mientras que el resto de personas no podrán acceder a una candidatura por ser agresores.

La consejera electoral dijo que "El procedimiento señala que en caso de conocer esto, la autoridad electoral tendría que hacerlo de conocimiento de los partidos políticos previo a la emisión del dictamen de candidaturas, para que el partido político manifieste lo que su derecho convenga, si las personas no son sustituidas entonces en el dictamen se tendría que votar por la negativa de registro, solicitando al partido que sustituya la candidatura".