Jesús Navarrete | 24/04/2024 | 03:29
Tal parece que en México, de un tiempo a la fecha, se mata por quítame allá esas pajas. Así lo atestigua la nota roja y lo confirman las tasas de homicidio registradas en los últimos 18 años. Sin embargo, como señala René Girard en su libro La violencia y lo sagrado, “aunque decimos frecuentemente que la violencia es irracional" esta "no carece de razones”, es más: “sabe encontrarlas excelentes cuando tiene ganas de desencadenarse".
Por ejemplo: en 2023 murieron 267 mil 700 personas a causa de diversos conflictos bélicos en el mundo; seis meses de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas han dejado más de 34 mil víctimas mortales; en Estados Unidos, el año pasado, se registraron 656 tiroteos masivos y la violencia armada generó 18 mil 854 muertes, según datos de Gun Violence Archive.
Es imposible hablar de la violencia sin contradecirse. Las razones por las que unas personas matan a otras son distintas. Unos las justifican y otros las condenan; lo que queda claro es que hay una idea nociva pero muy extendida según la cual, la violencia hace la justicia ahí donde se piensa que esta no existe.
Por lo que respecta a México en 2023, 29 mil 706 personas fueron asesinadas, 505 de ellas en San Luis Potosí. Del 2012 al 2022, la tasa de homicidios ha aumentado progresivamente de 9.6 hasta llegar a 26.1 asesinatos por cada cien mil habitantes.
De acuerdo con expertos en seguridad pública, el 80% de estos crímenes en el país está relacionado con el crimen organizado. Es decir, 8 de cada 10 obedecen al uso sistemático de la violencia por parte de grupos y actores criminales que “resuelven” así sus disputas. Lo absurdo de este método es retratado con eficacia por el personaje que representa el recién fallecido actor Ernesto Gómez Cruz en la película El infierno, de Luis Estrada.
Esta situación no se presentó de la noche a la mañana, sino que es resultado de un largo proceso que incluye múltiples factores. Si se observa el comportamiento estadístico del homicidio doloso a nivel estatal, veremos que, al igual que a nivel nacional, a lo largo de diversos periodos, ha tenido alzas y bajas, picos y mesetas.
El número de asesinatos intencionales en el estado pasó de 131 en 2006 a 153 en 2007, y se elevó a 218 en el siguiente año.
En 2009 la cifra se redujo a 158 casos; pero volvió a repuntar y en 2010, con 417 asesinatos, inició una de las épocas más violentas que ha vivido la entidad, la cual se prolongó en 2011 con 402 homicidios y durante 2012 con 396.
La violencia amainó en 2013 con solo 261 homicidios, aunque sin volver a las cifras previas al 2006. Esta tendencia a la baja duró solo dos años: 2014 con 229 casos y 2015, con 241, ya que para el 2016 los asesinatos aumentaron a 306 y en 2017 se dispararon a 451.
Tras este nuevo repunte vino una meseta en la cual la cifra de homicidios se mantuvo por arriba de 450 (457 en 2017 y 453 en 2018); pero lejos de atenuarse, en 2019 la incidencia se elevó a 494, y el periodo 2020-2021 fue, con 732 y 740 víctimas -respectivamente-, fatídico para la entidad.
En 2022 con 648 y en 2023 con 505 homicidios, San Luis reporta, de nueva cuenta, una tendencia a la baja, aparejada a la tendencia nacional. Incluso, en enero de este 2024, se registraron solo 23 víctimas en territorio potosino; la cifra mensual más baja en siete años, según los datos oficiales.
No obstante, en febrero, aumentó a 48; es decir, de un mes a otro, el número de víctimas se disparó más de 100%; en marzo bajó apenas a 40, y en abril, en un solo incidente se registraron 6 víctimas, así que no se puede cantar victoria.
Desde luego, si los homicidios se reducen, las autoridades lo presumen como un logro y si aumentan, prometen “reforzar” los esquemas de seguridad para combatirlos; pero hasta la fecha no queda claro cuándo el comportamiento de la violencia homicida obedece a la eficacia de la “estrategia de seguridad” de los gobiernos en turno y cuándo se debe a la dinámica propia de la industria criminal que mata cuando lo considera necesario, sin importar si hay o no más policías en las calles.
En La política como vocación (1919), Max Weber, afirma que “el Estado es el monopolio de la violencia”, lo que quiere decir que, para mantener el orden social, el uso de la fuerza debe ser exclusivo del Estado y ningún ciudadano o grupo en pugna puede usarla para defender sus intereses.
En los hechos, parece evidente que el Estado Mexicano ha perdido el monopolio de la violencia ya que, hoy por hoy, la emplean con bastante frecuencia los grupos criminales.
Lo que ocurre es que, una vez que se ha desatado, la violencia constituye un círculo vicioso difícil de frenar, puesto que, sin castigo, un crimen lleva a otros. Solo un sistema de justicia eficaz es capaz de detener su escalada.
El problema es que en México, mientras se incrementa la presencia militar y se critica la debilidad de las corporaciones policiacas, se pierde de vista que la impunidad es el mejor aliciente para los violentos.
De acuerdo con una nota de El Economista, mientras los homicidios aumentan, las sentencias por este delito han disminuido en los últimos años: de 4 mil 662 condenas emitidas en 2012, la cifra se ha ido reduciendo año con año hasta llegar a 1 mil 031 en 2021, lo que representa una disminución del 78%: aquí, sin duda, hay una deuda pendiente del Poder Judicial con la sociedad.
Sería ingenuo pensar que existe un remedio decisivo contra la violencia. Sin embargo, como advierte René Girard, "por buenas que sean las razones” que la justifican, “estas jamás merecen ser tomadas en serio". La violencia, advierte el filósofo, "busca y acaba siempre por encontrar una víctima de recambio. Sustituye de repente la criatura que excitaba su furor por otra que carece de todo título especial para atraer las iras del violento, salvo el hecho de que es vulnerable y se encuentra al alcance de su mano".