Rusia continuó su guerra de agresión contra Ucrania y permitió que sus tropas cometieran crímenes de guerra con impunidad, mientras la situación de los derechos humanos en el país siguió empeorando, denunció hoy Amnistía Internacional (AI) en su informe anual.
"Las autoridades utilizaron una amplia legislación antiterrorista y antiextremista contra personas críticas, profesionales de la abogacía y grupos opositores y religiosos", constató AI, que dedicó a Rusia cinco páginas de su informe.
Según AI, Rusia reprimió con dureza toda forma de crítica y "medios de comunicación, plataformas de redes sociales y particulares se enfrentaron a fuertes multas, bloqueos arbitrarios, procesamientos y otras represalias".
En particular, el informe destaca la detención en mayo pasado de la directora teatral Yevguenia Berkovich y la dramaturga Svetlana Petriychuk por "cargos falsos de 'justificación del terrorismo'.
Opositores a la guerra en Ucrania, los más perseguidos
La persecución judicial, añade el texto, se ensañó contra quienes se oponían a la invasión de Ucrania, a las violaciones de los derechos humanos cometidas allí o a la guerra en general.
"Al menos 140 personas fueron condenadas a prisión por declaraciones, protestas u otras actividades de oposición a la guerra, en comparación con las 22 del año anterior", según AI.
La organización de defensa de los derechos humanos destaca entre varios otros casos el de Vladímir Kara-Murzá, opositor, condenado en abril de 2023 a 25 años de prisión por cargos fabricados de traición y de difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas.
Libertad de reunión conculcada, tortura y abusos
El año pasado, indicó AI, "persistió la represión de la libertad de reunión" en virtud de una legislación indebidamente restrictiva y aplicada de manera arbitraria.
A modo de ejemplo el informe señala que con el pretexto de la normativa sobre la covid-19 la autoridades de Moscú el 29 septiembre prohibieron una vigilia para recordar a las víctimas de la represión de la era soviética mientras ese mismo día permitían una gran manifestación progubernamental.
"La tortura y los malos tratos bajo custodia siguieron siendo prácticas generalizadas", asegura AI, que denuncia que las autoridades actuaron selectivamente contra presos como Alexéi Navalni (fallecido en prisión el pasado 16 de febrero), negándose a prestarles la debida asistencia médica o encerrándoles en celdas de castigo.
El informe resalta el arraigado prejuicio de los tribunales penales contra los acusados, ya que solo en el 0,4 por ciento de los casos dictaron sentencias absolutorias o archivaron la causa.
En cambio, según AI, "los miembros de la judicatura aceptaban las pruebas de la acusación por sistema y sin reservas, incluso declaraciones obtenidas mediante tortura".
El colectivo LGTB y migrantes, en el punto de mira
El año pasado Rusia endureció su legislación contra el colectivo LGBT con la adopción de una ley tránsfoba, que prohíbe el tratamiento de afirmación de género.
El 30 de noviembre pasado el Tribunal Supremo de Rusia calificó lo que denominó como "movimiento público internacional LGTB" de "organización extremista" y, seguidamente, lo prohibió.
"Varias organizaciones y activistas LGBTI tuvieron que suspender sus actividades o irse de Rusia", recoge el informe.
AI subrayó que "la discriminación y la violencia contra las personas migrantes (en Rusia) continuó siendo generalizada, incluso por parte de la Policía".
Según el informe, en mayo pasado la policía arrestó a cientos de migrantes presuntamente indocumentados, muchos de los cuales denunciaron malos tratos.
"Las autoridades reclutaron a migrantes para el servicio militar", denunció la organización de defensa de los derechos humanos.
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