Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), afirmó que es objeto de una campaña de difamación y que exigirá que se investigue la filtración de la denuncia que lo acusa de ser operador del "sistema de corrupción" encabezado por Arturo Zaldívar.
En su cuenta de X, el hoy coordinador de la ponencia de la Ministra Lenia Batres negó las acusaciones que investiga el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y aseguró que esta indagatoria se basa en una denuncia anónima "sin pruebas".
"Entiendo que no soy el objeto principal de la actual campaña de difamación. Se pretende afectar a personas y a movimientos de largo aliento que están luchando por la transformación del país. Pero es mi deber aclarar algunas cosas (...) El Poder Judicial de la Federación (PJF) inicia una investigación por denuncia anónima. Filtra escrito sin pruebas para difamar", señaló.
"El PJF testa los nombres de los acusados en las sentencias. Pero en este caso filtraron los nombres de todos los imputados en un anónimo. Qué raro ¿no? ¿Es común que una investigación se emprenda aceleradamente con este desaseo en época electoral?
"También exigiré que se investigue quién ordenó la filtración a medios masivos de comunicación de un acuerdo inicial con datos personales y una denuncia sin pruebas, ni firma. Las personas que no resguardaron los documentos violan el art. 95 de Ley General de Responsabilidades Administrativas y pueden ser sancionadas".
En la investigación que inició el Consejo de la Judicatura Federal, Sandoval es señalado como uno de los tres principales operadores de Zaldívar para presionar a jueces y magistrados, asignar e imponer estrategias indebidas a defensores públicos federales.
El CJF lo indaga por enriquecimiento ilícito, dispendio de recursos públicos, la venta de plazas, el cobro de cuotas, bonos y aguinaldos a varios de los funcionarios que contrató en el IFDP, así como de instruir estrategias indebidas a los defensores públicos bajo su mando.
Hermano de Irma Eréndira Sandoval, ex secretaria de la Función Pública, el funcionario niega ser dueño de un Penthouse en Santa Fe y de construir un lujoso roofgarden en la sede del IFDP, en Bucareli.
"Tiene un PH en la zona exclusiva Santa Fe. Realidad: Todo mundo sabe dónde vivo y no es en Santa Fe. Jamás he usado, ni comprado un PH. Tengo un departamento que está en mis declaraciones patrimoniales y muy lejos de Santa Fe. Las puertas de su casa están abiertas", respondió.
"Mandó construir un roofgarden de lujo en una terraza. Mentira. Habilitamos para uso comunitario de todos los trabajadores del IFDP 3 balcones en los 3 pisos. Ayudaron mucho en pandemia para la ingesta de sus alimentos. Todo el personal los usaba y se hizo con un gasto mínimo".
Sandoval también rechazó que, como dice la denuncia, cobrara por la representación de mujeres acusadas por delitos del fuero común y aseguró que ni una de las miles de personas que liberaron "se va a prestar a una infamia así".
También contestó al cuestionamiento de haber sido propuesto por el Presidente Andrés López Obrador -de quien fue abogado- para ocupar cargos fuera del PJF.
"Fue propuesto por el Presidente de la República para ser magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa y para ser Consejero de la Judicatura por el Senado. ¿Su prueba de 'complicidad' es esto?¿Ya se habrán enterado de que no quedé en ninguno de esos cargos?", expresó.
"La denuncia insinúa una línea que buscaba influir en casos como: Ley de Hidrocarburos, Industria Eléctrica, Santa Lucía, Tren Maya, Lozoya, Infonavit, Telecomunicaciones, Extradición. En ninguno de ellos participó el IFDP, ¿cómo favorecí a alguien en casos que no llevé?".
Negó que los peritos del IFDP tuvieran un "costo elevado y participación nula" porque ganaban menos que los de CJF y atendieron más de 21 mil casos; también rechazó que prohibiera a los defensores promover amparos contra falta de atención médica por el Covid para no inflar la estadística.
Sobre la contratación de defensores que no cumplían con el perfil, cuestionó que designó a doctores en derecho y fiscales de los cuales dos aún trabajan en el IFDP como directores de área en la presente administración.
"Si no cumplían con el perfil ¿por qué siguen ahí?", cuestionó Sandoval, quien agregó que cada nombramiento era aprobado por la Comisión de Administración del CJF.
Al funcionario le acusan de instruir estrategias aparentemente indebidas en procesos como el del Caso Wallace. Sobre estos señalamientos no hizo mención alguna.
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