Un nuevo riesgo de retroceso

La función fiscalizadora dentro de un Estado permite la revisión puntual sobre la legalidad en el ejercicio de los recursos públicos, pero también la pertinencia sobre el gasto, es decir se revisa el apego a la norma y el cumplimiento de objetivos.

Fiscalización es un mecanismo de rendición de cuentas, pero su funcionamiento tiene la particularidad de necesitar muchos componentes de la rendición de cuentas, es decir, no se puede fiscalizar la información que se oculta, por lo que es fundamental la transparencia; y no sirve fiscalizar, sino existe un sistema de responsabilidades que sancione el desvío de la norma.

Fiscalizar permite el control del poder, fortalece los equilibrios entre órganos del Estado y, por ende, tiene un papel crucial en el sistema de pesos y contrapesos. No puede existir un sistema democrático que no cuente con un sistema de fiscalización, y este, solo puede entenderse como un control externo de la propia administración pública.

En nuestro país podemos encontrar antecedentes institucionales en materia de fiscalización desde la época colonial con el Tribunal de Cuentas; posteriormente traspasa el movimiento de independencia y se adscribe a la Cámara de Diputados; sobrevive al cataclismo de la revolución y su institucionalización; y se fortalece con la transición y la alternancia democrática de finales del siglo pasado e inicio del nuevo.

La lógica hiperpresidencialista que caracterizó a nuestro sistema político gran parte del siglo pasado, fue una loza que puso frenó a la democracia, a la rendición de cuentas y al control del poder; por ello, la función fiscalizadora vivió un papel secundario; fue hasta el sexenio de José López Portillo que a la par de la transición política, el órgano de fiscalización comenzó a fortalecerse.

La extinta Contaduría comenzó a fortalecerse de forma paulatina, pero sería hasta 1994 que adquiría mayor relevancia dado que un legislador de oposición presidiría la Comisión de Vigilancia; 5 años después surgiría la actual Auditoría Superior de la Federación con mayores herramientas y seguiría consolidándose con las reformas del 2009 y del 2015.

Es claro que la Auditoría Superior de la Federación tiene múltiples deficiencias institucionales, además de que existe una falta de legitimidad y poca cercanía con la ciudadanía; sin embargo, es evidente que el órgano de fiscalización a dado resultados considerables sobre todo en montos de recuperación derivados de procedimientos resarcitorios.

La fiscalización como herramienta permite frenar la corrupción, mejorar la toma de decisiones en materia presupuestal, garantizar la legalidad en el ejercicio del gasto y el cumplimiento de objetivos para los que se destina los recursos públicos; y pese a la relevancia del tema, la partidización política del órgano pone freno en aras de la defensa de intereses electorales.

Esta semana fue cesado el auditor especial de desempeño, no hay una explicación clara de las causas del cese y llama la atención primero la cercanía mostrada por el titular de la ASF y el partido gobernante, además de que el funcionario cesado es el que en su momento había señalado el daño a la hacienda pública que había implicado la cancelación del aeropuerto, además de las fallas estructurales en materia de programas sociales.

La ASF no es vista por la sociedad como un referente en el combate a la corrupción, pero es innegable que por sus auditorías se han desnudado programas inservibles y actos de corrupción; por lo que para el gobierno en turno colonizar al ente fiscalizador era una acción obligada y esta semana parece caer sobre el auditor superior, la sentencia de haber claudicado en su responsabilidad constitucional de garantizar la independencia del órgano.

México padece un problema serio de corrupción, la mayorá de la gente no denuncia por considerarla una pérdida de tiempo o incluso por no saber ante quien hacerlo; ver claudicar a uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción no es una noticia muy alentadora para la ciudadanía.

Esta semana, vivimos de forma latente un nuevo riesgo de retroceso, un riesgo de que el órgano de fiscalización pierda mayor legitimidad y su autolimite en el ejercicio de sus facultades; años de construcción democrática se evaporan ante prácticas que debíamos aniquilar con la transición, pero ese gen del hiperpresidencialismo parece que nos campaña como nación.

Es difícil con tanto ruido electoral concentrarse en un cambio de paradigma en materia de fiscalización, pero el retroceso que pude implicar la caída plena de la ASF, debe llevarnos a reflexionar sobre las acciones que deben tomarse en defensa del encargado del control externo de la administración pública.

Un órgano más se suma al proceso de colonización, un órgano más claudica y un paso más se retrocede en la salud de la vida democrática nacional.