Con motivo de la reforma a la Ley de Amparo, que pretende impedir que los juzgadores otorguen suspensiones de normas con efectos generales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) hizo un llamado al Poder Legislativo para apegarse a la Constitución y los tratados internacionales.
El magistrado Daniel Sánchez Montalvo, director de la asociación, expresó su preocupación por la iniciativa presentada por Morena y aprobada ayer en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado, porque consideró que afectará a los grupos vulnerables.
"La JUFED hace pública la preocupación por la iniciativa de reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, presentada por el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, debido a que, al limitar la concesión de suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales, en contra de Leyes expedidas por el Congreso de la Unión, se aprecia una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables; pues se daría un trato desigual a quienes aun no habiendo acudido al amparo sean afectados por una ley, que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución.
"Por todo lo anterior, con respeto al principio de División de Poderes, JUFED hace un atento llamado a las y los legisladores federales para que esta iniciativa de reformas se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos", expuso en un comunicado.
Según el director de la JUFED, esta reforma afectaría a los justiciables de distintas maneras porque se impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, el principio de progresividad de los derechos humanos, los cuales deben aumentar y no disminuir, como lo establecen las Convenciones Internacionales suscritas y ratificados por México.
Recordó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo permite a los jueces establecer si se han violado o no derechos humanos, así como determinar la suspensión provisional o definitiva de una disposición de carácter general.
El magistrado Sánchez Montalvo precisó que la suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, que no sean aplicadas o ejecutadas en perjuicio de las personas.
La JUFED está integrada por más de mil 300 jueces de distrito y magistrados de circuito en todo el País, lo que la convierte en la mayor asociación de impartidores de justicia federales.
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