La polémica en torno al glifosato

El glifosato es un herbicida económico y altamente eficiente contra la maleza, por lo que permite controlar las malas hierbas en los cultivos en la industria agrícola, pero es señalado de provocar casos de cáncer.

Es producido por Monsanto, propiedad de la farmacéutica alemana Bayer, que enfrenta numerosos pleitos legales en Estados Unidos por su uso.

Ante estos hechos, el Gobierno de México había anunciado su prohibición a partir del próximo 1 de abril.

Aunque es el herbicida más popular en el mundo y sus licencias de uso acaban de ser renovadas en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea -donde se realizaron algunas pruebas que descartaron riesgos para la población-, el Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en diciembre de 2020 un decreto para prohibir su importación y producción a partir de este año.

Organizaciones agrícolas habían advertido que la prohibición al herbicida subiría costos en la producción y alentaría aún más las importaciones de granos que alcanzaron niveles récord en este Sexenio, en el que se ofreció impulsar la autosuficiencia.

Añadieron que cualquier sustituto del herbicida debe estar disponible y su uso basado en datos científicos.

El plan de México para eliminar gradualmente el glifosato es parte de un decreto que también busca prohibir el uso de maíz transgénico para consumo humano, como harina, masa o tortilla hecha con el grano, por preocupaciones de salud y seguridad, una cuestión que ha dado lugar a una disputa comercial con su mayor socio comercial, Estados Unidos, del que importa millones de toneladas de maíz al año.

Sin embargo, representantes científicos y académicos puntualizaron que existen alternativas suficientes y comprobadas para sustituir al glifosato, por lo que la prórroga al uso y comercialización de ese herbicida no era necesaria.

La prórroga al uso y comercialización del glifosato puso en evidencia desacuerdos al interior del Gobierno federal, pues mientras las Secretarías de Agricultura, Economía y Cofepris aseguraron que no hay alternativas para sustituir el herbicida, otras dependencias afirmaron que sí existen productos en el mercado.

Representantes del Conahcyt y Sader afirmaron que cumplieron con el mandato de identificar alternativas al glifosato.

María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conahcyt, advirtió que la prórroga otorgada por el Gobierno no deroga el decreto prohibitivo que entraría en vigor el 1 de abril próximo.

Álvarez-Buylla agregó que el uso de glifosato en el campo causa la misma dependencia que drogas como el fentanilo en las personas, pues los productores de menor tamaño se quedan "enganchados" con el herbicida.

Víctor Suárez, subsecretario de autosuficiencia Alimentaria de Sader, acusó que organismos como el Consejo Nacional Agropecuario, la Unión Mexicana de Fabricantes de Agroquímicos y empresas como Bayer-Monsanto doblegaron la voluntad del Presidente.

A la conferencia se citó a representantes de Economía y Salud, pero no asistieron.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) avaló la decisión del Gobierno federal de mantener el glifosato hasta que se encuentren alternativas viables.

El organismo Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT) consideró que continuar con el uso del glifosato es una decisión responsable ya que permitirá a los agricultores proveer alimentos suficientes.

La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) consideró que la resolución es una medida en beneficio de la productividad del campo mexicano, al tiempo que permite explorar nuevas alternativas de herbicida.