Si a Gerardo Sosa Castelán no le parece idónea la prisión domiciliaria, a la que está sometido desde hace dos años, deberá internarse nuevamente al Penal del Altiplano, le dijo el juez responsable de su proceso.
Rogelio León Díaz Villarreal, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, hizo este inédito pronunciamiento al rechazar una solicitud del político hidalguense para convocar a una audiencia de modificación de medidas cautelares.
El impartidor de justicia dijo que la prisión domiciliaria a la que está sometido desde el 3 de febrero de 2022 es una medida excepcional que le concedieron por su estado de salud, ya que acreditó padecer de hipertensión, haber tenido dos preinfartos, así como mareos, dolores lumbares, dificultad para orinar, pérdida de peso, fatiga y falta de fuerza.
"No obstante, en caso de que el acusado Gerardo Sosa Castelán o su defensa particular consideren que las medidas cautelares que actualmente observa el acusado no son las idóneas, el referido gobernado deberá internarse nuevamente al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, en el que se encontraba recluido a fin de continuar con la diversa medida de prisión preventiva", le respondió el juez por escrito.
El ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fue detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México y procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Debido a que el primero de los delitos contempla la prisión preventiva de oficio, el juez de control ordenó su internamiento en el Penal del Altiplano.
El 3 de febrero de 2022 el juez de la causa le concedió la prisión domiciliaria, con la imposición de un brazalete electrónico, en su casa de la Colonia Valle de San Javier, en Pachuca, Hidalgo, donde se encuentra bajo custodia de dos agentes de la Policía Federal Ministerial las 24 horas del día.
Su proceso ya se encuentra en la última etapa, pues el hidalguense está a la espera de que programen la fecha para el inicio del juicio, el cual se llevará a cabo en el presente año.
La FGR presentó desde el 2022 la acusación por escrito en su contra y en ella pidió que lo condenen a 55 años de prisión y el pago de 30 mil días multa, por los dos delitos imputados, derivado de supuestamente blanquear 58 millones 245 mil 948 pesos, de los cuales una parte salió de las arcas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
En este asunto, los únicos que han llegado al juicio fueron absueltos. En diciembre de 2022 María Luisa Montalvo Sierra y Juan Manuel Hernández Gayosso salieron de prisión tras dictarse el fallo absolutorio por falta de elementos.
nacionales
