La eventual entrada en vigor de la Ley SB4, promovida por el Gobierno de Texas, puso en predicamento al Gobierno de México.
Dicha legislación, que permitiría a las autoridades texanas detener personas por su simple apariencia física y expulsarlos de su territorio, está actualmente congelada y en litigio en una Corte de Apelaciones de Estados Unidos.
En un escrito presentado ante dicha Corte, el Gobierno de México advirtió que la aplicación de la Ley SB4 afectaría negativamente las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos.
Bajo la figura Amicus Curiae (Amigos de la Corte), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expuso las consideraciones de México respecto de la norma impulsada por el Gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, con la cual pretende criminalizar a los migrantes y expulsarlos hacia territorio mexicano.
"Los intereses de México también incluyen la tensión sustancial que la aplicación de la SB4 provocaría en las relaciones internacionales entre México y los Estados Unidos de América. México busca asegurar que sus relaciones diplomáticas bilaterales con Estados Unidos sean transparentes, consistentes, confiables y no se vean frustradas por acciones individuales de los Estados Unidos", indica el texto.
La aplicación de la SB4, añade, sería una carga inapropiada para las relaciones uniformes y predecibles de soberanía a soberanía entre México y Estados Unidos, al penalizar la entrada no autorizada de no ciudadanos a Texas desde fuera del condado y crear requisitos de expulsión divergentes entre los estados y el gobierno nacional.
"La aplicación de la SB4 también interferiría con el derecho de México a determinar sus propias políticas relativas a la entrada en su territorio, socavaría la colaboración entre Estados Unidos y México en un marco legal de migración y gestión fronteriza, y obstaculizaría el comercio", indica el escrito del Gobierno mexicano.
Para la administración mexicana, la nueva ley, que actualmente está suspendida y en litigio, es violatoria de los derechos humanos y podría llevar a las autoridades texanas a cometer abusos en contra no sólo de los mexicanos sino de todo aquel que tenga cierta apariencia física.
"A México le preocupa profundamente que la SB4 se aplique de forma discriminatoria y teme que su aplicación conduzca al acoso, detención, expulsión y criminalización indebidos de ciudadanos mexicanos y personas de apariencia latina".
"Además, si se permite que la ley SB4 entre en vigor, Texas se convertiría en un 'estado enséñame tus papeles', restringiendo inconstitucionalmente la libertad y disminuyendo los derechos civiles y constitucionales y la dignidad de los latinos que viven y visitan Texas", señala.
El Gobierno mexicano no forma parte del litigio que emprendió la administración Biden contra el Estado de Texas y su Gobernador, sin embargo, la figura de Amicus Curiae, le permite hacer llegar a la Corte sus consideraciones para que los juzgadores cuenten con mayores elementos al momento de resolver.
"El interés de México radica en garantizar que sus ciudadanos disfruten de los derechos humanos y civiles cuando se encuentren en Estados Unidos y que su origen étnico no se utilice como base para actos de parcialidad sancionados por el estado", explica el texto.
Es inconstitucional, dice Embajador
El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, indicó que la administración Biden coincide con el Gobierno mexicano en que la ley SB4, impulsada por el Gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, es inconstitucional.
En redes sociales, señaló que tanto Estados Unidos como México trabajan para que el sistema migratorio sea ordenado, seguro y humano, a la par de asegurar la frontera.
"Compartimos las preocupaciones de México sobre la dañina e inconstitucional ley SB4 de Texas, razón por la cual continuamos impugnándola en los tribunales", explicó.
La administración Biden ha impugnado la ley texana debido a que invade facultades exclusivas de las autoridades federales, como lo son el control migratorio y la seguridad de la frontera.
Salazar hizo referencia al trabajo que de manera coordinada han realizado los dos países para responder a la migración irregular, que en los últimos años ha alcanzado niveles récord.
"Como vecinos y socios duraderos, seguimos comprometidos a reducir los flujos migratorios irregulares sin precedentes de forma humana, fortaleciendo nuestra colaboración para abordar las causas fundamentales, desarrollar vías legales para los migrantes y mejorar la aplicación de la ley a nivel regional", indicó.
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