La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le cerró la puerta a una empresa privada para extraer oro y el Cártel de Sinaloa echó a andar el proyecto por su cuenta sin necesidad de permiso alguno.
Ahora, el grupo criminal lleva ya dos años explotando la zona minera de San Ignacio, en Sinaloa.
El cártel se adueñó del proyecto privado al que el Gobierno federal le negó los permisos.
El 10 de agosto de 2022, la Semarnat notificó su negativa a Angeles Mine Corp, con sede en Mazatlán y propiedad del empresario Rubén Abraham Reyes Flores, para explotar minerales en la localidad de El Patole.
La dependencia argumentó en su momento la falta de consultas a comunidades y la existencia de cuatro escritos distintos que rechazaban este tipo de minería, cuya característica principal es la excavación para cribar tierra o arena en búsqueda de metales preciosos.
Pero a finales de ese año, el Cártel de Sinaloa comenzó sus actividades en los 2.5 kilómetros de minería aluvial en la zona de playa, donde hay al menos 100 pozos de entre uno a cuatro metros de profundidad para cribar arena con filtros.
En el proceso deja caer químicos y agua que extrae del mar con mangueras y motores.
Pese a la presencia de surfistas (en su mayoría turistas) y la anidación de tres especies de tortugas marinas, las actividades son toleradas y pueden ser vistas a cielo abierto o con imágenes satelitales.
El proyecto minero rechazado buscaba explorar dos puntos específicos sobre el río Piaxtla, tierra abajo del pueblo San Ignacio, y otro en las playas de El Patole, en una zona de campos agrícolas y granjas acuícolas.
"Consiste (el proyecto) en la extracción de arenas y grava aurífera en los puntos seleccionados del río Piaxtla, ubicado geográficamente en el municipio de San Ignacio, dentro del estado de Sinaloa, para posterior lavado y clasificado por medio de un sistema gravitatorio de cribado; el mineral que se busca extraer y recolectar es el oro", se lee en el estudio presentado para la Manifestación de Impacto Ambiental que se rechazó.
La región de El Patole, cercana al pueblo llamado Dimas, es ahora una zona silenciada por grupos criminales y tiene una alta concentración de hombres operando máquinas para cavar y cribar la arena en búsqueda de oro.
Mineros organizados han denunciado que esta actividad ocurre con presiones y amenazas a pobladores y a quienes ejercen la actividad de manera legal, pese a que han presentado denuncias ante autoridades federales que no los han atendido.
TERRITORIO SIN LEY.Desde 2022, la playa El Patole en San Ignacio, Sinaloa, guarda decenas de restos químicos generados por la extracción ilegal por parte de criminales.
A pesar de que empresarios mineros alertaron de la violencia generada por criminales en la Sierra de Sinaloa desde 2015, narcotraficantes han tomado 2.5 kilómetros de playa para la extracción de oro ilegal Ese consejo se creó para el impulso de la actividad minera en coordinación con el Gobierno estatal, entonces administrado por el panista Mario López Valdez.
Sin embargo, el 29 de abril de 2015 -luego de aquel robo en la mina El Gallo 1 del empresario Rob McEwen- se expresó una inquietud de empresarios de la región.
"En nombre del sector minero comento las necesidades de las empresas mineras, entre las cuales son rondines preventivos, mayor acercamiento a las unidades mineras en la zona serrana, respuesta inmediata ante hechos delictivos, y que de parte de las empresas mineras están dispuestos a oír y apoyar las medidas de seguridad que se les planteen", dijo Euridice González Robles, de Minera Pangea, subsidiaria de la empresa McEwen Mining en México, de acuerdo con lo que se lee en las bitácoras en poder de Grupo REFORMA.
El 27 de agosto de ese año, tres empresarios mineros se sumaron a las denuncias públicas de lo sucedido: "Es la primera ocasión que sucede algo de tal magnitud y desde hace tres meses se han visto vehículos con personas armadas, sin mayores consecuencias. Se cuenta con la denuncia ante el ministerio público sobre un caso de personal agredido", señaló Felipe Martínez Moreno, de Minera Cosalá.
"El termómetro indica que en los próximos meses la inseguridad en la zona de Los Altos se va a recrudecer; por tal motivo, sugiero permanecer en permanente contacto y coordinación con el Gobierno del estado para estar siempre en busca de la prevención", aseguró José Vargas Lugo, director de Dyna Resource.
"Considero que se debe implementarse una gran campaña de limpieza en las zonas inseguras, con despliegue de fuerza militar. En el sur del estado se percibe más inseguridad que en el norte", expresó Huáscar Peña, representante de pequeños mineros de Sinaloa.
En 2016, de acuerdo con el acta del 6 de octubre de 2016, se reportaron robos de vehículos a la empresa minera Tapacoya.
A la fecha, aquel caso de la mina del empresario Rob McEwen está sin resolverse.
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