Ante el reducido espacio fiscal, el País necesita impulsar una reforma fiscal progresiva, ya que ésta ayudaría a reducir brechas de desigualdad y garantizar los derechos de la población, señalaron organizaciones.
Ante ello, un total de siete organizaciones e instituciones lanzaron este martes la Alianza por la Justicia Fiscal, a través de la cual expusieron que la reforma fiscal mencionada ayudaría a atender siete necesidades que costarían alrededor de 5.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Dicha alianza la conforman el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), México Evalúa, Oxfam México, Fundar, la Fundación Friedrich Ebert, el Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad (Indesig) y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM (PUED).
Prioridades que se deben atender, de acuerdo con la Alianza
1.- Elevar los servicios públicos de salud con el fin de que una mayor población acceda a ella. Dicha necesidad tendría un costo de alrededor del 3 por ciento del PIB.
2.- Implementar un Sistema de Cuidados gratuito y de calidad, enfocado especialmente en las infancias del País.
3.- Recursos para garantizar el abasto de agua.
4.- Una jornada completa en escuelas para fortalecer la educación y que, a su vez, contribuya a reducir la carga de cuidados en los hogares.
5.- Financiar infraestructura para la transición energética y atender la emergencia del cambio climático.
6.- Crear un fondo para promover iniciativas de desarrollo regional para los estados de bajos ingresos.
7.- Un sistema judicial estatal efectivo.
Estas necesidades no podrían ser financiadas sin una reforma fiscal, por lo cual es algo impostergable incluso en estas campañas políticas, aseguraron las organizaciones.
Enrique Providencio, director del PUED UNAM, aseguró que México requiere una reforma fiscal que aumente el financiamiento disponible para fortalecer a las instituciones públicas e impulsar el desarrollo sostenible.
"Sin reforma fiscal, y dado el espacio tan pequeño que tienen las finanzas públicas actualmente, todas las necesidades adicionales serían, o bien no financiables, o tendrían que financiarse a costa de otros destinos actuales", dijo Providencio durante el lanzamiento de la Alianza.
Diego de la Mora, director ejecutivo de Fundar, opinó que parte de la reforma fiscal progresiva debería incluir cambios como elevar las tasas del Impuesto sobre la Renta (ISR), reducción de beneficios fiscales, así como la recuperación del impuesto a las herencias multimillonarias.
Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP, apuntó que es necesario que la reforma fiscal no sólo considere el fortalecimiento de los ingresos federales, sino también los de los estados.
"La tenencia a nivel estatal y el predial a nivel municipal tienen un alto potencial para fortalecer la recaudación local", señaló Macías durante su intervención.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, enfatizó que el sistema tributario es clave para definir las prioridades sociales, políticas y económicas del País, y la herramienta "más importante'" para reducir la desigualdad.
Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, destacó que la Alianza por la Justicia Fiscal busca generar un espacio de colaboración entre las organizaciones e instituciones públicas y privadas para complementar capacidades, encontrar consensos y participar activamente en la construcción e implementación de dicha reforma.
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