Un tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla (norte de Colombia) denegó este miércoles la libertad al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien llegó deportado a Bogotá el 27 de febrero tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos.
Mancuso esperaba su libertad después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, lo designara "gestor de paz", pero el tribunal consideró que esa orden del Gobierno es imprecisa en cuanto a las condiciones de tiempos y lugares en los que cumplirá esa función el exjefe paramilitar, que todavía tiene que responder ante la Justicia colombiana por miles de crímenes.
"La sala determina que la resolución presidencial 244 del 14 de agosto de 2023 (con la que se nombró a Mancuso gestor de paz) tiene serios vicios que la hacen incompatible con la Constitución Política", expresó el magistrado Carlos Pérez al explicar su decisión.
Agregó que esa iniciativa pretende "una excarcelación abierta e ilimitada para un postulado a los beneficios de la ley de Justicia y Paz (la instancia especial con la que se desmovilizaron las AUC en 2006), a quien sólo en este tribunal se le han atribuido responsabilidades por 34.002 crímenes de lesa humanidad y guerra".
Por eso, el tribunal, resolvió, "inaplicar para el caso presente y bajo excepción de inconstitucionalidad la resolución presidencial 244 del 14 de agosto de 2023" y "denegar, en consecuencia, la libertad extraordinaria" que solicitó Petro para el excomandante de las AUC.
Mancuso pagó una condena de 15 años por narcotráfico en EE.UU., y a su regreso a Colombia fue recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.
Además, quedó a disposición de la jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz de la capital colombiana, que la semana pasada concedió la libertad al exjefe paramilitar, pero sujeta a la decisión que tomara hoy el magistrado de Control de Garantías de Barranquilla, que se la denegó.
Mancuso ha sido investigado en Colombia por más de 75.000 crímenes, por lo que su deportación al país, que estuvo parada casi cuatro años por la pandemia de covid-19 tras haber cumplido su pena en 2020, era esperada por sus víctimas.
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