La prohibición de vuelos interiores en Francia para los que hay una alternativa en tren de menos de dos horas y media supone la pérdida de cerca de un millón de pasajeros anuales, la mitad en la línea entre Burdeos y París Orly, según la Unión de los Aeropuertos Franceses (UAF).
El delegado general de la UAF, Nicola Paulissen, explicó este miércoles a EFE que para el aeropuerto de Burdeos esa medida impuesta por el Gobierno francés con el argumento de reducir las emisiones contaminantes ha implicado la pérdida del 7-8 % de su actividad.
La prohibición, que está en vigor desde el pasado año, afecta a tres rutas que de hecho dejaron de explotarse con la crisis de la covid a comienzos de 2020 y que no se habían reactivado desde entonces: Burdeos-París Orly, Lyon-París Orly y Nantes-París Orly.
Air France se había comprometido a no reanudarlas como una de las condiciones de las ayudas estatales que recibió para superar el bache del coronavirus.
Para evitar un gran impacto, y en particular para evitar que la prohibición de estos vuelos condujera a que algunos pasajeros hicieran enlaces en aeropuertos fuera de Francia para vuelos intercontinentales, no han quedado afectadas las líneas que van al aeropuerto parisino Charles de Gaulle para conectar con las rutas de larga distancia de Air France.
Paulissen se quejó de que el Ejecutivo no haya encargado ningún "estudio de impacto ni medioambiental ni económico" e insistió sobre todo en que esta prohibición "no es la solución a las emisiones" contaminantes.
Hizo notar que el grueso del crecimiento de la aviación se va a dar en países emergentes como China e India y por eso "el reto" es que los aviones generen menos gases de efecto invernadero.
El delegado general de la UAF alertó del riesgo de que algunos partidos políticos quieran ampliar la prohibición a los vuelos para los que hay una alternativa en tren de hasta cuatro horas y media.
Eso afectaría a las líneas de interconexión en el Charles de Gaulle con las líneas intercontinentales desde las grandes ciudades francesas.
La prohibición impuesta en Francia, que se está utilizando como referencia en España, fue aceptada por la Comisión Europea por tener carácter temporal, con una vigencia de tres años.
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