La industria de Nuevo León promoverá juicios de amparo contra un acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que desde enero provoca penalizaciones que implican un sobrecobro de hasta 120 por ciento en la facturación de la CFE a usuarios de alta y media tensión.
Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Caintra Nuevo León, explicó que el sobrecargo que apareció en las facturas de enero a empresas que consumen más de mil kilowatts obedece a la aplicación del Acuerdo 073 que publicó la CRE en diciembre.
En él, detalló, el regulador "revivió" un código de red que obliga a los usuarios a elevar la eficiencia en su consumo a medir con un Factor de Potencia (FP) de 95 por ciento, cuando había sido de sólo 90 por ciento.
Si el FP del usuario es menor de 95 por ciento, entonces la CFE aplica una penalización en la factura.
Ante ello, en una reunión virtual de miembros del organismo empresarial, socios de los despachos Sainz Abogados y Holland & Knight recomendaron como vía para combatir el sobrecobro la promoción de amparos.
Carlos Ochoa, de Sainz Abogados, consideró factible que prosperen esos recursos, pues hay un antecedente de suspensión definitiva de carácter general en un juicio que fue resuelto en el 2021 contra la aplicación del código de red por parte de la CFE.
Otra alternativa, señaló, sería explorar la opción de migrar al mercado mayorista para obtener el fluido a través de un administrador diferente.
Pero Mario Rodríguez, del mismo despacho, advirtió que acudir a ese mercado también implica aumentos que se vienen dando desde el 2021 en el precio de la potencia.
"En este mercado, el consumidor de electricidad puede comprar y vender de manera independiente, pero no hay suficiente potencia, por lo que sólo queda la opción del mercado de balance de potencia que establece el Cenace, pero su disponibilidad es insuficiente, por lo que habría que pagar un pago por la misma a más tardar el 29 de febrero".
El departamento legal de la Caintra señaló en el evento que atenderá caso por caso a los industriales que tengan inquietud de resolver el pago de los sobrecargos.
