La Suprema Corte de Justicia ordenó hoy admitir a trámite un amparo que busca liberar a mujeres probablemente retenidas contra su voluntad en un hospital psiquiátrico del Estado de México.
Se trata del primer juicio que busca aplicar la reforma legal de mayo de 2022, que estableció el internamiento para tratar problemas de salud mental o adicciones como último recurso, estrictamente voluntario y sujeto a consentimiento de la persona.
Esta reforma, además, prohibió la construcción de nuevos hospitales exclusivamente psiquiátricos, en un intento por abandonar el modelo de tradicional de "asilo".
El amparo fue promovido en enero de 2023 por la asociación civil Documenta y el despacho Aguinaco Abogados, para cuestionar el internamiento aparentemente involuntario de unas 80 mujeres en el Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto en Tepexpan, operado desde 1968 por el gobierno del Estado de México.
La demanda fue desechada por notoria improcedencia por Edgar Gasca, juez Décimo Séptimo de Distrito en Naucalpan.
"El internamiento de mujeres en instituciones psiquiátricas sin su consentimiento puede involucrar ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, así como incomunicación, tortura y tratos crueles e inhumanos", resolvió hoy la Segunda Sala de la Corte, al revocar el desechamiento.
"El juez de Distrito estaba obligado a tomar en consideración que el asunto puede involucrar a mujeres con discapacidad, por lo que debió adoptar un papel más activo y flexible para garantizar que puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones", agregó la Sala, en decisión unánime.
Como el amparo alega privación ilegal de la libertad, el juez Gasca estaría obligado a dictar una suspensión de oficio para que se permita salir del hospital a las mujeres que no quieran estar internadas.
Pero el juzgado no cuenta con personal suficiente o especializado para revisar el estatus de todas las pacientes del hospital, por lo que la Corte ordenó dar intervención al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que sí tiene asesores especializados.
El Ejecutivo federal tenía hasta noviembre de 2022 para reglamentar y aterrizar los cambios a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, lo que hasta ahora no ha hecho.
El amparo también cuestiona una Norma Oficial Mexicana expedida en 2015 por la Secretaría de Salud para regular la atención en hospitales psiquiátricos, porque sigue permitiendo el internamiento involuntario, por solicitud del familiar, tutor o representante legal.
Uno de los problemas que podría acarrear la reforma legal es que prohíbe el internamiento para resolver problemas de "vivienda o cuidado del paciente", pero no indica qué hacer con personas con padecimientos mentales graves que no acepten estar internadas, ni puedan vivir con sus parientes.
