Opacidad y corrupción

El problema de la transparencia en México, radica en que no existe la cultura de la rendición de cuentas y capacitación adecuada para que los servidores públicos tengan bien claro que están obligados por ley a rendir cuentas y que el dinero que manejan no es suyo. Igualmente existe un enorme desconocimiento en el tema para la gran mayoría de la gente.

Tengamos muy claro que hablar de transparencia en la Administración Pública significa; que la información que existe y fluye en el gobierno está también a disposición del público, con excepción de aquella clasificada como confidencial. 

No basta con tener una buena Ley de Transparencia y unos reglamentos que la interpreten, hace falta cambiar hábitos, pautas, el modo en que está organizado el aparato burocrático.

Además del desconocimiento de la ley, en todos los niveles de gobierno existe el “como no” en lugar de realmente ser proactivos en el tema de la transparencia. Los entes en su mayoría cuando reciben una solicitud de información, lo primero que hacen, es buscar la forma de no entregar lo solicitado o tratan de encontrar todos los resquicios posibles en la ley. También existen lagunas o artículos que deben ser modificados y adecuados para evitar interpretaciones subjetivas e incluso, elevar las sanciones para los servidores públicos que no respeten ni cumplan con la ley.

Los entes más opacos, de acuerdo a mi experiencia de más de una década revisando el tema, son los ayuntamientos, seguidos por los partidos políticos.

Aunado a lo anterior, debe alarmarnos que desde el gobierno de la república se busca desaparecer al INAI como organismo autónomo y hacerlo dependiente de una secretaría federal, lo cual es inadmisible y nunca debemos permitir que se pueda ser juez y parte. Incluso un organismo autónomo debilitado representa un golpe para periodistas, académicos y ciudadanos que genuinamente buscan conocer la verdad y construir memoria.

Respecto al grave problema de la corrupción, radica principalmente en los acuerdos que la clase política mantiene para no ser tocados. El obstáculo mayor no se encuentra en las leyes, pero sí se han detectado interesantes áreas de oportunidad para realizar modificaciones que permitan a la ciudadanía tener interés jurídico en los casos que denuncie ante la autoridad correspondiente.

Antes se decía que a la clase política no se le hacía nada porque tenían fuero constitucional. Preguntemos qué ha cambiado de fondo ahora que por ley ya no lo tienen. La respuesta es muy sencilla: absolutamente nada. La impunidad sigue igual.