El Gobierno estatal anunció que presentará una reforma legal federal para tener atribuciones contra empresas contaminantes que actualmente están bajo la jurisdicción de la Federación, como la Refinería de Pemex en Cadereyta.
Luego de que el lunes entregó en el Congreso local una iniciativa para modificar la Ley Ambiental del Estado, Ulises Carlín, Consejero Jurídico del Gobernador, dijo que entre ayer y hoy enviarán otra al Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Con esa propuesta, consideró, no es necesario por el momento buscar una modificación a la Constitución federal para lograr las atribuciones contra las empresas reguladas por la Federación, como habían señalado expertos y Diputados locales.
"Creemos que no es necesaria de momento una modificación a la Constitución", dijo Carlín, "porque en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente vienen las facultades exclusivas de la Federación, y es ahí donde queremos entrar.
"Ésta es la ruta que tiene el Gobierno del Estado", agregó. "No significa que sea la única. "Pueden haber efectivamente muchas modificaciones, crear nuevos ordenamientos y demás, pero lo que estamos valorando nosotros es el tema de la rapidez para actuar".
El artículo que se pretende modificar, señaló, es el 111 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que define que las fuentes fijas de jurisdicción federal son las industrias química, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, de generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de tratamiento de residuos peligrosos.
"Si (en) ese Artículo ponemos que no sea únicamente exclusivo de la Federación, sino que haya injerencia de las entidades federativas", explicó Carlín, "eso sería suficiente para darle competencia a las entidades federativas".
Agregó que una modificación a la Constitución, como sugirieron Diputados locales y expertos el lunes, implica un proceso muy largo en el que tienen que intervenir todos los Estados.
Ayer mismo, Alfonso Martínez Muñoz, Secretario de Medio Ambiente estatal, ratificó en la FGR la denuncia penal contra la Refinería por sus emisiones contaminantes, aportando más pruebas y exigiendo información de la planta. Ante la FGR solicitó que la Refinería informe sobre su Licencia Única Ambiental, Manifestación de Impacto Ambiental, Cédulas de Operación Anual y bitácoras de mantenimiento.
También pidió información sobre la producción mensual de barriles entre el 2017 y 2024, y la producción de residuos o coque, entre otros.
