La discusión que debió abrir el caso Ernestina Godoy

Si uno hace un breve recuento histórico de la procuración de justicia en nuestro país, es posible ver como el órgano encargado de tal función, quedo siempre a la sombra del hiperpresidencialismo mexicano, no solo en cuanto a su adscripción orgánica, sino que incluso por la forma en que se da la conducción de sus titulares.

Desde el surgimiento del Estado moderno podemos encontrar a la extinta Procuraduría General de la República como parte de la administración pública centralizada, ello implicaba que su titular era en términos jurídicos un empleado más del Ejecutivo, por lo que la relación de supra-subordinación marginaba de facto la tecnicidad y objetividad que requería el órgano.
El Procurador no sólo cumplía la función de ser el representante social, sino que incluso la propia Ley lo consideraba el abogado del Presidente, bajo esta lógica, es claro que más allá de la defensa de la sociedad y la procuración de justicia, lo que se buscó era el cuidado del “jefe de la banda”.

Con esta pesada loza sobre la procuración de justicia, se quiso lavar la cara durante la transición democrática, cuando Ernesto Zedillo como presidente, entregó al partido de oposición más importante, la conducción de la PGR a través de Antonio Lozano Gracia, pero la realidad mostró su verdadero rostro al poco tiempo.

Para el año 2016 se planteó la idea de retirar por completo la sujeción de la procuración de justicia del Ejecutivo y para tal fin se dio vida a la nueva Fiscalía General de la República, misma que alcanzaría autonomía constitucional, con lo que se buscaba garantizar el fortalecimiento democrático y del Estado de Derecho, mediante profesionalización, tecnificación e independencia.

Sin embargo, pese al cambio de paradigma que implicaba la reforma constitucional de la Fiscalía, la política y sus actores se aferraron a destruir toda esperanza de objetividad tanto en el nombramiento como en la actuación del nuevo ministerio público, con lo que desde el inició, se restó legitimidad al nuevo órgano.

Se debe precisar que se hizo el recuento histórico a nivel Federal, que, si esto lo aterrizamos a las Entidades Federativas, la sujeción de la fiscalía a los gobernadores en turno es aún mayor, ello en gran medida por el férreo control que se tiene en el Poder Legislativo y la poca efectividad del sistema de pesos y contrapesos, que incluye de manera forzosa mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

La realidad en materia de procuración de justicia es alarmante, según cifras del INEGI, más del 95% de los delitos que se cometen, no se denuncian y solamente hay una probabilidad de .9% de que un delito sea sancionado.

Esta debe ser la verdadera discusión en materia de procuración de justicia y de los órganos competentes, se debe estar planteando una reformaseria que toque temas trascendentales como: arrebatarle al Ejecutivo y los partidos políticos el control del Ministerio Público, la forma en que podamos hacer más efectiva la investigación de los delitos y la construcción de herramientas que permita rendición de cuentas y que la ciudadanía pueda tener una mayor vigilancia sobre la actuación del órgano.

Leyendas de miedo y risa pasan por la historia de la procuración de justicia mexicana, terror los casos de tortura que se han documentado durante el régimen del partido hegemónico y durante la época de la transición y alternancia; pero también momentos irrisorios como el asesoramiento de parte de una vidente como “la paca”, para atender una investigación judicial.

Es de reconocerse un Congreso que no aprueba un nombramiento a ciegas como fue el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero seguimos viendo la discusión desde el punto de vista de las personas y no desde la óptica desde las instituciones; se celebra la activación de los pesos y contrapesos, pero preocupa la cerrazón de todos los actores por construir entes públicos que se alejen de los intereses partidistas.

Ernestina Godoy es solo una persona, la verdadera discusión que debió plantearse, debía de ir mucho más allá de ella, porque era el momento justo para abrir la discusión sobre el rescate de las fiscalías de todo el país, pero al parecer, nos encontramos ante lo que es la especialidad de los políticos durante el sexenio, es decir hacer de los asuntos públicos, temas efímeros que no trascienden.
El tema de seguridad lesiona a todos los mexicanos y mientras no contemos con instituciones sólidas que permitan romper los lazos de impunidad que permean en México, la delincuencia no encontrará freno para seguir rompiendo el Estado de Derecho.

Ya se fue Ernestina Godoy, pero sin los cambios necesarios, la procuración de justicia seguirá siendo facciosa, protegiendo intereses partidistas, marginando a los más necesitados y sin duda alguna muy, pero muy deficiente.

@josesolisb