La seguridad en Brasilia será reforzada el 8 de enero, cuando se cumplirá un año de la asonada que intentó derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ese día encabezará un acto de repudio al golpismo, informaron este jueves fuentes oficiales.
El viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli, confirmó ese refuerzo sin precisar muchos detalles, durante un acto realizado en la sede del Gobierno regional de Brasilia.
Explicó que, en el marco del acto de "reafirmación democrática" que encabezará Lula el próximo lunes con autoridades del Parlamento, la Corte Suprema y otras instituciones nacionales, "todas las fuerzas de seguridad estarán movilizadas", aunque descartó la posibilidad de incidentes.
"No hay ninguna hipótesis de que se repita este 8 de enero lo que ocurrió en 2023", que fue un "inaceptable ataque a la democracia", declaró Cappelli.
El viceministro reiteró que las autoridades vigilan la actividad de grupos de ultraderecha en las redes sociales y que han detectado alguna convocatoria para actos el próximo 8 de enero, pero aclaró que hasta ahora no existen "amenazas serias".
Cappelli aseguró que las "manifestaciones democráticas" serán permitidas, pero no aquellas que puedan atentar contra el Estado de Derecho.
"Brasil es un país libre y democrático", pero "no se confunde una manifestación democrática con intentos de golpe o con ataques a los poderes", afirmó el funcionario, quien agregó que "este 8 de enero será un día para celebrar una democracia robustecida".
En esa fecha de 2023, ocho días después de la investidura de Lula, miles de activistas de la ultraderecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro asaltaron las sedes de la Presidencia, del Parlamento y la Corte Suprema, situadas en la Plaza de los Tres Poderes, con el objetivo de forzar una "intervención militar".
La seguridad de esa céntrica zona era responsabilidad de las autoridades policiales de Brasilia, cuya actuación aún se investiga, pues se sospecha que facilitaron la acción golpista y permitieron que los vándalos llegaran hasta los edificios luego invadidos y depredados.
Cappelli aludió a eso y subrayó que "una de las diferencias de este próximo 8 de enero es que Brasilia tiene ahora autoridades policiales honradas y comprometidas con la democracia".
Por esos hechos, hasta hoy fueron imputadas unas 2.000 personas, de las cuales una treintena ya ha sido condenada a penas de hasta 17 años de cárcel.
Entre sentenciados y aquellos con prisión preventiva, 66 siguen en prisión y el resto responde al proceso en libertad.
Durante la ceremonia de este jueves, el Gobierno federal también entregó veinte nuevos patrulleros y otros equipos de seguridad a la administración de Brasilia, que podrá usarlos en la operación de refuerzo policial anunciada para el 8 de enero.
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