Experiencia y competencia para la SCJN

Estimadas y estimados lectores, en días pasados, el presidente López Obrador presento al Senado de la República la propuesta del ejecutivo que contenía la terna para elegir a la ministra que sustituirá al ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante esta propuesta, las comisiones del Senado encargadas de la evaluación de los perfiles presentados, llevaron a cabo el lunes pasado, la entrevista con las tres mujeres propuestas para esta digna encomienda. Sin embargo, lo único claro tras ver el desempeño de las tres participantes en estas entrevistas es que son claramente militantes de MORENA, que ninguna de las tres cuenta con la experiencia ni el perfil adecuado para esta encomienda ante las graves inconsistencias en la argumentación presentada, y lo más preocupante, mostraron un claro repudio por la figura e independencia de la Corte y una alineación a la figura del ejecutivo que no garantiza la independencia y neutralidad en sus futuras decisiones en caso de ser nombradas ministras.

Ante este panorama, creo conveniente hacer una reflexión acerca  de considerar sin miramientos que las decisiones de esta magnitud impactan directamente en la justicia y la equidad de las personas, por lo que es imperativo que la elección de la nueva ministra de la SCJN se realice con un criterio inquebrantable: la preparación y la experiencia. Este nombramiento no puede ni debe ser el resultado de meros favores políticos o alineaciones partidistas, sino una elección fundamentada en la competencia y el conocimiento jurídico profundo.

La SCJN es la institución encargada de resguardar la supremacía de la Constitución, de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos y de ejercer como contrapeso a los poderes Ejecutivo y Legislativo. En este contexto, la designación de una ministra con una sólida formación y trayectoria en el ámbito jurídico se vuelve esencial para garantizar la imparcialidad y la calidad en la toma de decisiones.

La experiencia no es un mero adorno en la administración de la justicia; es el cimiento sobre el cual se construye la credibilidad de la SCJN. La complejidad de los casos que llegan a este tribunal demanda un profundo entendimiento de las leyes, de la jurisprudencia y de los principios éticos que rigen el sistema judicial. Nombrar a alguien sin la debida preparación podría socavar la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad del máximo tribunal.

Asimismo, la elección de la nueva ministra debe desvincularse de las consideraciones partidistas que, en ocasiones, han permeado este tipo de nominaciones. No se trata de satisfacer cuotas políticas, sino de asegurar que la persona seleccionada esté comprometida con la aplicación objetiva de la ley y no sirva a intereses particulares. La independencia del poder judicial es esencial para mantener el equilibrio democrático y prevenir posibles abusos de poder.

Aceptar perfiles únicamente por su alineación ideológica con el poder Ejecutivo es un riesgo que atenta contra la esencia misma de la justicia. La SCJN debe ser un espacio donde converjan diferentes perspectivas jurídicas, donde se debatan ideas y se construya un entendimiento colectivo de la ley. La diversidad de opiniones fortalece la toma de decisiones y evita que el tribunal se convierta en un mero instrumento del poder de turno.

En contraposición, designar a alguien basándose únicamente en su experiencia y méritos profesionales brinda numerosos beneficios. En primer lugar, se garantiza la calidad en el análisis de casos complejos, donde cada detalle puede tener consecuencias de largo alcance. Además, se refuerza la legitimidad de la SCJN ante la sociedad, al demostrar que sus miembros están ahí por su capacidad y no por favores políticos.

La preparación y experiencia de la nueva ministra no solo contribuirán a la eficacia del sistema judicial, sino que también enviarán un mensaje claro sobre la importancia de la justicia en una sociedad democrática. La confianza en las instituciones se cimenta en la certeza de que quienes las integran son idóneos y están comprometidos con el bienestar común.

Esperemos que las y los legisladores integrantes del Senado de la República consideren esta y muchas variables más y desechen los perfiles presentados, para obligar al ejecutivo a replantear una terna de hombres y mujeres que cuenten con la competencia y experiencia necesaria para desempeñar el cargo de la mejor manera.

La sociedad exige y merece una justicia que sea independiente, competente y comprometida con la defensa de los derechos fundamentales. Solo así se podrá consolidar un sistema judicial sólido, capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro con integridad y justicia.

Muchas gracias por su atención y lectura. Nos leemos en quince días.

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