Una jueza federal admitió hoy a trámite la demanda de concurso mercantil contra el Sitio 300, la asociación civil de taxistas que opera desde hace décadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Olga Borja, jueza Primera de Concursos Mercantiles, admitió la demanda presentada el 16 de octubre por el AICM, que reclama al menos 60 millones de pesos a Sitio 300, al que expulsó de la Terminal Uno el pasado 14 de noviembre.
La admisión del concurso tardó más de un mes por las protestas de personal judicial contra la extinción de fideicomisos, pero también porque el AICM presentó la demanda en un formato equivocado.
La jueza dictó hoy medidas precautorias para proteger el patrimonio que pudiera tener Sitio 300 y ordenó al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) que designe un visitador para que determine si la asociación civil está en la situación de insolvencia prevista por la ley.
Este proceso de verificación podría ser complicado, pues no se trata de una empresa ordinaria, sino de una agrupación de taxistas que, en caso de ser declarada en concurso, tendría un año para conciliar con acreedores y evitar la quiebra.
Se desconoce el monto total de las deudas del sitio, pero desde el pasado 28 de marzo litiga un amparo contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al que reclamó el embargo de una cuenta en Banco del Bajío, pues está abierto un procedimiento de ejecución para el cobro de créditos fiscales.
Desde que la Secretaría de Marina (Semar) asumió el control del AICM se han incrementado los roces con el Sitio, cuyos puntos de venta de boletos en la Terminal Uno fueron cerrados desde principios de octubre por falta de tarjetas de identificación oficiales de los taxistas.
De hecho, es la primera vez que el AICM demanda el concurso de un deudor, pese a que cotidianamente tiene que lidiar con morosos, desde aerolíneas que han quebrado hasta locales comerciales.
Sitio 300 opera desde la década de 1970 en el AICM, y ha sido una de las empresas dominantes de este servicio.
En 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) le impuso una multa de 6.1 millones de pesos por prácticas monopólicas absolutas al acordar con otras cuatro agrupaciones de taxistas las tarifas que cobran a los pasajeros.
