La realidad de la suprema corte

Uno de los pilares fundamentales de cualquier país democrático es el principio de la división de poderes, lo que implica necesariamente un complejo andamiaje legal que se traduce en un sistema de pesos y contrapesos que hace la función de contención, que impide el desbordamiento de la fuerza y del poder, en detrimento del centro de toda democracia: el ciudadano.

La división de poderes parte de la base de que ningún poder puede estar por encima de los otros y ello evidentemente hace que, en un plano de igualdad, el dialogo se convierta en el elemento central que otorga estabilidad política en un país democrático que necesariamente se asume como plural.

La democracia en nuestro país nace después procesos largos y tortuosos, movimientos sociales y políticos, ello desde que logramos constituirnos como nación independiente; la caída del primer impero, la reinstauración de la segunda república, la revolución y el México post revolucionario son una muestra clara de esta afirmación.

El país durante mucho tiempo se posicionó como un Estado centralista, con un arraigo importante de la visión de una preponderancia del poder en manos de los titulares del Poder Ejecutivo, y ello es una cultura que ni la democracia ha logrado desterrar del todo.

Esto explica en gran medida, la lucha entre liberales y conservadores, la inaplicación constitucional durante el porfiriato y por supuesto las facultades “meta-constitucionales” de los presidentes emanados del régimen post revolucionario.

La transición democrática permitió el renacer institucional de muchos órganos, el ajuste a una nueva realidad implicó necesariamente modificar estructuras que no se ajustaban a la misma, el Poder Judicial, el sistema electoral, la transparencia y rendición de cuentas, son grandes ejemplos de los reajustes que se debieron dar con la transición democrática.

La Suprema Corte vivió su cambió toral durante el zedillismo, su extinción y su resurgimiento fue el rompimiento de las ataduras con el salinismo, pero también permitió interiorizar la política de “sana distancia” con el Ejecutivo, y con ello se empujó una idea de un Poder Judicial lejano a la realidad política y muy cercana a la tecnificación.

Nadie niega la importancia del Poder Judicial como justa balanza de los vaivenes políticos, y por ende, debe partir siempre del principio de la tecnificación, por encima de cualquier argumento, pero ello no debe traducirse en su encierro en una burbuja que los haga distanciantes de la realidad política y lo más grave, de la sociedad.

Desde el 2018, el Presidente López Obrador empujó al Poder Judicial en el tema político, lo sueldos y salarios fueron el tema central, la intención era debilitar la posición de un órgano que no podría colonizarse de forma momentánea y que podría frenar ciertos intereses de su administración.

La llegada de Arturo Záldivar a la Presidencia de la Suprema Corte, frenó la embestida, es aquí el punto medular en que el Poder Judicial cometió el error de creer que al sacrificar la técnica jurídica por cálculos políticos les garantizaría la paz de la que habían gozado en público por décadas, sin embargo, el nuevo titular de la Corte y su apuesta, propiciaron una perdida de legitimidad y pese ello, los ataques regresaron cuando se priorizó nuevamente el Derecho a la Política.

Norma Piña no fue la candidata de López Obrador y desde su llegada, priorizó el Derecho sobre un interés particular de congraciarse con el titular del Poder Ejecutivo, sin embargo, su posición es débil ante una sociedad que recibe constantes mensajes de opacidad, corrupción y despilfarro de un Poder Judicial que olvidó que la sociedad es el centro de todo Estado.

Hoy el Poder Judicial sale a las calles como un hecho sin precedentes, sin embargo, es fundamental que incursione en una arena de la siempre quiso vivir vacunada: la política; y ello necesariamente implica buscar el respaldo social y sólo puede darse mediante la socialización de la importancia de su papel en la vida democrática y cotidiana de la ciudadanía.

La democracia siempre estará en riesgo, mientras los poderes no puedan mostrar la capacidad de dialogo entre sí, y eso, es una muestra clara que desde el poder se considera que existe una visión univoca, con lo que se pone en tela de juicio la pluralidad que implica la naturaleza misma de dicho sistema político.

Hoy el Poder Judicial sale a las calles en un país polarizado, en un México en que su sociedad y su clase política están más dispuestas a construir muros que puentes, pero pese a dicha polarización, nada debe restar la legitimidad de su lucha que apenas están por comenzar sus órganos y sus trabajadores.

La realidad del Poder Judicial es que vienen momentos complejos, embestidas que no frenaran, pero sobre todo presiones a las que no están acostumbrados y más allá de preferencias políticas, nadie debe olvidar que la base de cualquier Estado está en sus instituciones, dinamitar cualquiera de ellas, siempre implica riesgos para la democracia.

La polarización sin duda alguna ya generó daños severos en la sociedad y en nuestras instituciones, el sanar será responsabilidad de todos, por lo que la indiferencia no puede ser una opción en estos momentos, para nuestra sociedad.