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Delito de prensa o derechos básicos

Sara Guadalupe Pérez Valdez | 24/09/2023 | 00:05

México mágico: uno de los países con más leyes a nivel mundial, y a la vez uno de los países que más se contradice a sí mismo en su legislación. Acorde a la página oficial de la Cámara de Diputados, hay un total de 312 leyes en el país. Hay unas que incluso no te imaginas hasta que no las lees, como la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado o la Ley Federal del mar. Echarle el ojo a la lista de todas las leyes abrogadas en esta nación seguramente genera como primer pensamiento que el Derecho Mexicano está más avanzado de lo que se creería. Cómo no, si cientos de leyes y miles de artículos que se respetan y siguen al pie de la letra pareciese que forman a la sociedad ideal. Una utopía latinoamericana. Un mundo perfecto, ¿no? 

 

El 26 de abril de este mismo 2023 hubo una prueba más de que una gran cantidad de leyes no asegura a un gran país. Ese día fue abrogada la Ley sobre Delitos de Imprenta, la cual había estado vigente y bajo pocas reformas desde la creación de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 1917. Al leer su nombre no suena tan terrible, pero qué pasaría si dicha ley contuviera tal vez las más grandes violaciones a la libertad de expresión que se han visto en documentos oficiales mexicanos. Qué pasaría si el México postmoderno de hoy, uno que vive el auge de la globalización y una nueva era mundial, tiene vigente una ley que se creó en un contexto completamente distinto. 

 

Hablemos un poco de 1917 y su ambiente político. Un ambiente gobernado por Venustiano Carranza, quien antes de administrar esta nación observó a través de sus anteojos la forma en que Francisco I. Madero, uno de sus predecesores, dió tanta libertad de opinión a periodistas y al pueblo hasta que perdió el control y lo destruyeron. Buscando evitar que destruyeran su imagen y quién sabe qué más, Carranza trabajó en ello deteniendo a caricaturistas, cerrando periódicos y silenciando periodistas por medio de su legislación que protege al Estado antes que a nadie más: la Ley sobre Delitos de Imprenta. 

 

Ahora hablemos un poco sobre este importante papelito. Básicamente, la ley hablaba de las sanciones económicas y arrestos para quienes realizaran “ataques a la moral, al orden y a la paz pública”, principalmente dirigidos al Presidente de la República, el Ejército y otras instituciones. Dentro de la ley se consideraban “exposiciones maliciosas publicar discursos, gritos, cantos, amenazas, manuscritos, o de la imprenta, dibujo, litografía, fotografía, 

cinematógrafo, grabado o de cualquier otra manera, que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país; o con los que se injuria a la Nación Mexicana, o a las Entidades Políticas que la forman”. Es decir, era castigado expresar cualquier idea “en contra” de la nación. En otro párrafo también se incluye al Ejército como una institución a la que no se le debía faltar al respeto. Claro, la ley también incluía que toda publicación debía pasar por un previo filtro realizado por el Estado para ser aprobada. Después de pasar ese filtro, cualquier impreso que quisiera ser puesto en circulación, ya sea fijado en paredes o pasado de mano en mano por la población, debía forzosamente contener el nombre de la imprenta encargada, la cual también recibiría un castigo si cometía las violaciones a la moral y al orden público de la misma ley. Y le iría mucho peor si no ponían el nombre de la imprenta y se descubría cuál era. 

Carranza supo protegerse o al menos tener un pretexto para deshacerse de quienes dañaran su imagen. A partir de acá, hubo pocos gobernadores mexicanos que no se aprovecharan de silenciar al prójimo. En los 80's Portillo pidió que le suspendieran la publicidad a Proceso cuando no se habló como el presidente quería que se hablara; Díaz Ordaz mandó a matar a estudiantes que provocaban rebelión, acción también prohibida por la Ley de Delitos de Imprenta. 

 

La sorpresa llega el 20 de mayo de 2021, cuando se publicó una reforma a la Ley de Delitos de Imprenta en el Diario Oficial de la Federación. Tal reforma fue como un recordatorio de que esta existía, de que el país aún tenía legislatura que contradecía a los tratados internacionales en defensa de los derechos humanos. Aquí hay algunos de los artículos más importantes para defender la libre expresión y dignidad humana: 

 

  • ?  El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye que todo individuo tiene el derecho de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
  • ?  El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos considera que el Derecho a la Libertad de Expresión implica buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras.
  • ?  El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.


¿Qué quiere decir todo esto? 

 

La Pirámide de Kelsen es la base necesaria para entender las inconsistencias entre la Ley de Delitos de Imprenta y los tratados internacionales. Esta pirámide es la representación gráfica de la jerarquía sobre el sistema jurídico. En ella surge la idea de que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior acorde a tres niveles. Hasta arriba se encuentran los Tratados internacionales, después las leyes federales y secundarias y hasta abajo las leyes locales. Esto quiere decir, que lo que viene en la Constitución y en las leyes federales no debe contradecir en lo absoluto a los tratados internacionales. 

 

Ahora bien, en caso de que se llegasen a contradecir, debería haber una modificación en esas leyes para que se ajustara a una mejor defensa de los derechos humanos. En cambio, la Ley de Delitos de Imprenta hacía completamente lo opuesto. Primero, ningún individuo debería ser molestado por expresar una idea por el medio que fuese, cosa que contradice la ley. Incluso si la manifestación de alguna idea tuviera las características de lo que se dice un ataque a la moral, el emisor o el receptor deberían tener un derecho de réplica que les proteja y les permita aclarar cualquier dato difundido. 

 

Hasta hace unos meses México seguía legislado por una contradicción de artículos que violaban algunos de los derechos más importantes que puede tener un ser humano para defender su dignidad. Obviamente una ley creada en 1917 se presta a ser contradictoria con las nuevas leyes del derecho contemporáneo nacido bajo paradigmas muy distintos; pero ello mismo implica que hay que estar más al pendiente de las 312 leyes que mueven al país. 

 

Tal vez sea necesario que se implemente una legislación más apegada a la defensa de los derechos a la Libertad de expresión, pero de qué sirve una nueva ley en un país ahogado en leyes cuando no se van a respetar. 

 

Miles de periodistas y activistas que manifiestan su información y opiniones en este país, ejerciendo los derechos que los tantos tratados internacionales les regalan para que tengan libertad de expresión, son asesinados brutalmente. Cuántas personas no se han desgastado física y mentalmente entre juicios y demandas para denunciar violaciones a sus derechos básicos o a la de seres queridos que ya no están para hacerlo. Galones de sangre derramada y escondida son lo que cubre a las 312 leyes que tanto buscan cuidar a esta nación. 

 

Sí, México necesita que se le preste atención a la antigüedad de sus leyes. Pero lo que verdaderamente necesita México, es que se respeten y se ponga hasta arriba de la pirámide a la gente.