Los cerca de 20 mil servidores de la nación, superdelegados y demás funcionarios federales o estatales dedicados a la entrega de programas sociales, deberán sujetarse a reglas para no influir a favor o en contra de un partido o aspirante.
Así lo aprobó el Consejo General del INE en los lineamientos para evitar la injerencia de estos funcionarios en los procesos electorales federal y locales, que ya iniciaron o están por arrancar.
"Deberán conducir su actuar de manera institucional, sin realizar actos o manifestaciones que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o bien, que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno.
"En el ejercicio de sus actividades vinculadas con programas sociales, se abstendrán de usar logos, emblemas, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, que generen confusión o identidad con un partido político, gobernante o con la imagen institucional del INE o de los OPL", establece el acuerdo.
Estos servidores públicos no podrán ser representantes de partido, observadores, funcionarios de casilla o capacitadores o supervisores electorales.
No podrán condicionar el apoyo o servicio a cambio de votar a favor de un aspirante o partido o de asistir a eventos gubernamentales o políticos.
Tampoco podrán amenazar con suspender la entrega de recursos, servicios, programas u obras públicas.
"Recoger, retener o amenazar con hacerlo, la credencial para votar", es otra de las prohibiciones.
Los gobiernos, federal, estatales y municipales, tendrán prohibido entregar programas o beneficios sociales en eventos masivos.
Se les advierte que cualquier conducta que vulnere la equidad de la competencia, a través de la utilización de recursos públicos o privados, será denunciada ante la Unidad Técnica de Fiscalización o Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Reglas no frenan injerenciaDurante la sesión, consejeros electorales y representantes políticos advirtieron que estas reglas no frenan la coacción del voto por parte de los gobiernos, pues los lineamientos son descafeinados, light, laxos y con vacíos.
En diciembre, el órgano electoral aprobó reglas para garantizar la no intromisión de funcionarios, de cualquier nivel, en el proceso electoral.
Por ejemplo, sin mencionar al Presidente de la República, se prohibía que en conferencias de prensa se usaran frases, imágenes o elementos para desacreditar o favorecer a un partido.
Se establecían reglas de operación de los programas sociales y se ordenaba a los gobiernos entregar calendarios de entrega de apoyos, padrones de beneficiarios y listado de funcionarios dedicados a esto.
Sin embargo, el Primer Mandatario y Morena impugnaron los lineamientos ante el Tribunal Electoral, por lo que ordenó rehacerlos, así que pasaron de 28 a 9 páginas.
"Ya no podemos emitir reglas para que la entrega de los programas sociales sea de la forma más imparcial posible, es decir, es un acuerdo, a mi juicio, descafeinado y light", aseguró la consejera Carla Humphrey.
Su compañera Dania Ravel propuso prohibir que los gobiernos crearán programas sociales nuevos en el 2024, pero no fue aprobada.
El representante de Morena, Sergio Gutiérrez, la acusó de "provocadora" y pretender violar la ley.
"Nuestra experiencia en procesos electorales nos ha demostrado una y otra vez la existencia de factores exógenos que buscan de manera arbitraria influir en el desarrollo de éstos con fines particulares.
"Ejercer el poder, aunque sea limitado desde la función pública, para condicionar el voto, es una deslealtad democrática", argumentó la consejera.
El representante del PRD, Ángel Ávila, insistió en que los servidores de la nación han servido como una estructura política en elecciones para promover a Morena.
Incluso, recordó, Marcelo Ebrard denunció que en el proceso interno de ese partido se usó esa red electoral para favorecer a Claudia Sheinbaum.
"Estos lineamientos son sumamente laxos, flexibles, no nos van a ayudar a que se frene la actividad de estos servidores de la nación para favorecer al partido en el Gobierno", afirmó el perredista, que, junto con su homólogo del PAN, advirtió que impugnarán ante el Tribunal Electoral.
