Complicidad y corrupción en el manejo de basura en Cancún

Asistí al Primer Foro de Justicia Ambiental en la ciudad de Cancún, Quintana Roo los días 1 y 2 de junio de 2023. Organizado por las autoridades locales con motivo del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Pude constatar que a la gobernadora María Elena Lezama Espinoza y a la presidente municipal del ayuntamiento de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, ambas militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en realidad no les interesa resolver los problemas ambientales, al no asistir al Foro. Después supimos que la Presidencia de la República les había pedido de última hora asistir a otro evento. El evento al que asistieron en lugar de estar con nosotros en Cancún, Q. Roo se realizó en el Puerto de Veracruz donde acompañaron al Secretario de la Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán quien anunció la realización de La Actualización de la Política Nacional de Mares y Costas mediante 7 Foros de Consulta con diferentes actores de la Sociedad Civil de nuestro país realizados del 10 al 18 de agosto de 2023. Asistí de manera virtual al del 18 de agosto. 

En Cancún estaba programada la firma de un convenio de colaboración entre la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Desafortunadamente la Procuradora, Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera tampoco asistió. El que si asitió fue Alonso Fernández Lemmen-Meyer miembro del Partido Verde Ecologista de México, nuevo Procurador de Protección al Ambiente de Quintana Roo a partir de octubre de 2022. Unos 50 asistentes al auditorio de la Universidad del Caribe escuchamos fuertes críticas a la Profepa por falta de resultados de parte de la Dra. María del Carmen Carmona Lara, a pesar de que fue Subprocuradora Jurídica de Profepa (de marzo 2009 a febrero 2010). También acusaciones de la falta de aplicación de nuestras leyes, normas y reglamentos en materia de gestión de residuos sólidos urbanos por parte de Miguel Ángel Cancino Aguilar e Izarelli Rosillo.
 
Lo verdaderamente patético es que el procurador Alonso Fernández dio un mensaje fuera de la realidad de la gestión de más de 1,400 ton/día de residuos sólidos urbanos (RSU) que vive Cancún, Quintana Roo, la ciudad turística más importante de nuestro país (que recibió 30 millones de turistas en el año 2022 con una derrama de 57,770 MDP en hospedaje que equivale al 23 % de los ingresos turísticos nacionales).
 
El ayuntamiento Benito Juárez tiene concesionada la disposición final de más de 511,000 ton/RSU/año a la irresponsable empresa Promotora Inmobiliaria Majahual, S.A. de C.V. (PIMSA), cuyos socios principales son Diego García Coudurier y Gerardo García, que cobraron más de 800 MDP durante doce años. Pero que jamás ha cumplido con la norma oficial mexicana NOM-083-Semarnat-2003. Es simplemente un tiradero a cielo abierto de RSU que causa graves daños al suelo, subsuelo y seguramente contamina cenotes con sus lixiviados. Lo que confirma la complicidad de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo y del Ayuntamiento de Benito Juárez, gobernado por Ana Patricia Peralta de la Peña (del PVEM) que inexplicablemente le permitieron durante 10 años cometer estos delitos federales ambientales contemplados en el Artículo 416 del Código Penal Federal vigente. El 19 de julio se llevó a cabo una sesión del cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) donde se decidió merecidamente suspenderlo e iniciar el proceso de rescisión de la concesión.
 
*Carlos Alvarez Flores, Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C.
Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático
www.carlosalvarezflores.com y Twitter @calvarezflores