Uno de los grandes retos estructurales de nuestro país, es la consecución del llamado Estado de Derecho, que si bien es un término que se usa con normalidad en los discursos políticos, la realidad es que no se le dala justa dimensión a su significado, el cual debe entender como la sujeción del ciudadano y de la actividad estatal a las normas jurídicas, con lo que se asume que la Ley es el principio y el fin de la ciudadanía y el Gobierno de un Estado.
México vive un clima en que la impunidad se convierte en el principal incentivo para violar la Ley, la falta de consecuencias jurídicas propicia un momento en que el Estado de Derecho ya no sólo es una realidad inconcebible, sino que en muchos espacios desapareció como aspiración de la ciudadanía.
La violación a la Ley en nuestro país, por mucho tiempo lo enfocamos particularmente a lo relacionado con el clima de inseguridad, pero es un fenómeno tan sistematizado que ya recorre de forma cotidiana el espectro de las normas electorales, pero no ya no sólo es la cotidianeidad con la que se rompe las disposiciones legales, sino el cinismo con el que se fractura la Ley.
El sistema jurídico electoral de nuestro país siempre estuvo a prueba por parte de los diferentes detentadores del poder, los políticos siempre buscan garantizar cotos de decisión y continuidad de sus posiciones, sin embargo, de cinco años a la fecha, se perdió tota proporción y se han fraguado mecanismos que dinamitan día a día los principios electorales.
Es cotidiano que los políticos en el mundo busquen la continuidad de gobierno a través de sus partidos y/o candidatos, el aprecio institucional al Partido o el ego personal hacen que las alternancias se vean como aquellos fracasos derivado de una gran fobia en las clases gobernantes; es normal que los políticos y los partidos opositores busquen arrebatar a la clase gobernante cotos de poder que los permitan influir en la toma de decisiones y es justo por ello, que es necesario mediar dichos intereses.
En nuestro país la construcción de un sistema jurídico-electoral fue un proceso muy complejo, primero nos costó trabajo desmantelar la estructura de un partido de Estado, posteriormente el gran reto fue la construcción de instituciones que tuviera el reconocimiento de la ciudadanía como garantes de sus derechos político-electorales.
Este proceso no podía darse, sin que la función electoral se ciudadanizara y más allá de la propia integración de los órganos y su lejanía con los poderes tradicionales, hablamos de que la ciudadanía es la garante del proceso electoral por medio de su participación en los comicios como funcionarios de casilla.
Las reformas políticas que nos han traído a un sistema político de alternancias pacificas, son productos de grandes consensos con los actores políticos, ya que fueron concebidas desde una oposición que buscaba garantizar elecciones justas.
Hoy tenemos una legislación electoral muy restrictiva, en muchos casos se impide que los políticos hagan política y que los medios comunicación hagan periodismo, podemos decir que el modelo de comunicación es obsoleto y que el andamiaje institucional implica una democracia un tanto acartonada, pero son las reglas que tenemos.
Sin embargo, desde hace algunos años, parece deporte violar la Ley electoral o buscar hacer fraudes a la misma, parece que la clase política está dispuesta a sepultar los pilares fundamentales de una democracia imperfecta, en aras de ambiciones personales.
Hoy muchos actores políticos violan la Ley, incluso con la autorización de las autoridades que debieran vigilar que no lo hiciera, pero estas últimas están tan atadas de manos, porque reconocer que todos los competidores caen en la ilegalidad, podría dar al traste con la estabilidad política del país.
La nueva normalidad es violar la Ley electoral y es una situación que se vive desde los diferentes polos, es claro que en menos de seis años tiramos por la borda un sistema que nos costó décadas construir, y sea cual sea el resultado electoral, deberemos reconstruir las reglas del juego, incluyendo aquella institución que muchos ciudadanos salieron a defender, porque el INE ya se vio rebasado por esta nueva normalidad.
Violar la Ley seguirá siendo deporte para el político, mientras no exista una responsabilidad y consecuencias jurídicas, mientras tanto esperemos que la ciudadanía, no normalice las violaciones a la Ley, porque si no la reconstrucción será aún más tortuosa que la construcción.
