Fuera máscaras

En la segunda mitad de la década de los setenta, en el mandato de José López Portillo, nuestro país vivió una de las reformas normativas más importantes en la vertiente electoral. En el documento La reforma política de 1977 de la Cámara de Diputados se señala que “El cambio de gobierno [de Luis Echeverría Álvarez a López Portillo] había dado tranquilidad a la sociedad después del fin de sexenio echeverrista y las propuestas económicas del nuevo gobierno ayudaban a crear el clima de confianza necesario. Los empresarios disminuyeron su actitud agresiva y los obreros hicieron lo propio. Incluso la guerrilla que tantos dolores de cabeza había dado al anterior gobierno, había prácticamente desaparecido aunque a veces volvía a realizar actos violentos. Así que en abril de 1977 inició consultas públicas para empezar a discutir la posible reforma a desarrollarse. Dos propósitos se tenían que cumplir con la reforma: revitalizar el sistema de partidos y ofrecer una opción de acción política legítima tanto a los que habían rechazado como a los que habían optado por la violencia. La reforma era tanto más urgente porque la apertura política de Echeverría se había visto recortada en su alcance al promover una reforma electoral limitada” (Ver https://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm”)

Más adelante, en 1990, vino otra reforma electoral. Éste fue generada principalmente por el cuestionado proceso electoral de 1988, que entre otras cosas provocó que en la opinión pública, en círculos políticos y en espacios académicos, se discutieran temas de mayorías versus minorías; representatividad proporcional; financiamiento público a entidades político-electorales y fiscalización de los mismos y; principalmente, la creación de un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se hiciera responsable de organizar las elecciones para renovar a los poderes Legislativo y Ejecutivo en el ámbito federal y que estuviera integrados por personas que carecieran de filiación político-partidista.

Finalmente, en 1996 vino otra reforma electoral que, de acuerdo con un documento del Centro de Capacitación Judicial Electoral, entre otras temas buscaba una preponderancia del financiamiento público sobre el privado; un nueva fórmula para calcular financiamiento a partidos y mecanismo de distribución equitativo; establecer topes a los gastos de campaña con restricciones a las aportaciones privadas; afiliación individual a los partidos políticos; creación de agrupaciones políticas e; incremento del umbral legal al 2% de la votación para acceder a la representación proporcional. Pero quizás lo más importante fue la búsqueda por establecer un sistema integral de justicia en materia electoral que, entre otras cosas, tuviera mecanismos para proteger el principio de constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales, y con ello, las elecciones tuvieran certeza y legalidad por la equidad en las mismas y el respeto irrestricto a la norma.

Como puede observarse, en las distintas reformas electorales se buscó que éstas ofrecieran como resultado certeza en legalidad y legitimidad, amén de disminuir el margen de incidencia política, legal y “metaconstitucional” de ciertas figuras gubernamentales, particularmente los titulares de poderes ejecutivos, con el propósito de construir una solidez electoral a través de la imparcialidad de autoridades y la equidad en la contienda.

Uno de los puntos conflictivos en distintos momentos de la vida política del país, y máxime cuando se acercan los tiempos electorales, se centra en la participación directa y abierta de quienes detentan un cargo de elección popular o forman parte de una estructura de gobierno, para actuar en favor de tal o cual partido político, coalición o candidatura.

Como se ha tratado de dejar en claro, las distintas reformas electorales que ha vivido nuestro país han abonado a desarrollar un sistema electoral sólido, democrático, participativo, plural y legítimo. Así que, con ese antecedente, me parece que podemos estar en condiciones de exigir y vivir un “fuera máscaras” de parte de todos los actores políticos en la actualidad para que participen abiertamente en favor y en contra de determinados competidores electorales.

Insisto: a final de cuentas, un propósito de nuestro sistema electoral es que tengamos certeza en los procesos, amén de la legalidad y la legitimidad que hay en ellos. Así que, en ese sentido, ¿abonaría a tener certeza que nuestro sistema electoral permita que los presidentes, gobernadores o presidentes municipales -por señalar algunos actores político-gubernamentales), llamen al voto por los integrantes de su partido o coalición abiertamente?

Las elecciones, a juicio de muchos, pueden ser un referéndum del gobierno en turno. Así que si somos testigos de que hay actores que claramente enaltecen a unos y denuestan a otros (en lo que parece un afán perverso de conservar el poder), ¿por qué no pensar en un sistema que permita esa clase de actuaciones? Fuera máscaras. Las cosas como son, ¿no?

*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM.
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