Nuestropaís a lo largo de su historia a mostrado una carga política-histórica que lo acerca al centralismo y al presidencialismo, y la presencia de ambas figuras traspasa desde el México prehispánico, atravesando el surgimiento de un país independiente y alcanzando incluso al Estado moderno.
Ese presidencialismo exacerbante montó por años un sistema político que centró su poder en un hombre que podía doblegar a los otros órganos, su fuerza era tal, que eclipsaba cualquier vestigio de división de funciones y todo debía avanzar por el camino trazado por el tlatoani en turno.
Fue hasta la transición democrática que comenzó el desmantelamiento de algunos elementos del presidencialismo, si bien con este periodo político no se eliminó la preponderancia del poder Ejecutivo, si logró una dispersión de funciones que permitió generar un nuevo equilibrio en la vida pública del país.
Este nuevo equilibrio empoderó a la oposición en los órganos legislativos, pero también permitió la construcción de un poder jurisdiccional que se abría camino para convertirse en la justa balanza que evitara el desbordamiento de los conflictos que traía consigo la nueva pluralidad política.
El poder judicial debió resurgir con el zedillismo; un nuevo órgano fue concebido con mayores atribuciones y sobre todo con una composición que atendía la nueva dispersión del poder entre las fuerzas políticas que ya eran necesarias para la construcción de gobernabilidad y sobre todo de cambios constitucionales.
La Suprema Corte desde su resurgimiento a finales del siglo pasado siempre vivió dentro de la prudencia y la mesura que los alejaba del debate partidizado, pero ello fortaleció su papel como arbitro jurídico, logrando legitimar sus decisiones desde la tecnicidad, marginando con ella la duda de la existencia de cálculos o intereses políticos.
La forma en como se compone la Suprema Corte fue pensada como una forma de evitar que un presidente se adueñara de los espacios y rompiera ese equilibrio, todo ello bajo la lógica de que un partido podía dominar el poder Ejecutivo y al Legislativo, pero habría un poder Judicial independiente que frenara sus excesos.
Consolidar a la SCJN no fue un tema sencillo, fue un proceso largo y que vivió su turbulencia ante el anhelo de los presidentes por generar un férreo control del poder judicial, pero nadie había alcanzado su cometido como lo logró Andrés Manuel en la primera mitad de su gobierno.
La llegada de Arturo Záldivar a la presidencial de la Corte es quizás el periodo desde la transición política, en que más se ha cuestionado la independencia jurisdiccional, nadie espera una confrontación directa entre los poderes, pero no que se quede la duda de la falta de tecnicidad jurídica por sobreponer un cálculo político.
El 2023 quizás quede marcado para el lopezobradorismo como el año más negro de la relación con el poder judicial, no sólo perdió al inició la presidencia y con ello la relación con la Corte, sino que además los ministros han ido construyendo una narrativa que consolida la independencia y autonomía de los juzgadores como un eje central de la democracia.
Ahora el Plan B en materia electoral se suma a las derrotas del lopezobradorismo en el Poder Judicial, y pese a la intensificación del encono del Presidente y aliados contra la SCJN, los ministros siguen recorriendo la senda que permita consolidar a un poder judicial que por años quedó eclipsado por la centralización del poder en un solo hombre.
La polarización entre elpresidente y la SCJN seguirá en aumento, uno dando argumentos políticos y otra regresando a la tecnificación legal; pero lo más importante es la defensa de dos visiones de Estado, por un lado, el país de un solo hombre y por el otro la división de poderes como elemento democratizador. ¿Cuál visión se impondrá en el tramo final del sexenio?
