El Parlamento de Japón aprobó hoy una controvertida reforma legislativa sobre inmigración, criticada por la oposición y por organizaciones defensoras de los derechos humanos por endurecer aún más las ya estrictas condiciones que el país establece para los solicitantes de asilo.
La Cámara Alta de la Dieta (Parlamento) de Japón respaldó definitivamente la propuesta legislativa con el apoyo del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) que lidera el primer ministro Fumio Kishida y su socio de coalición, el budista Komeito, y de algunas otras fuerzas conservadoras de la oposición.
Una de las novedades más destacadas de la reforma será permitir la expulsión del país de personas que hayan solicitado en más de tres ocasiones el estatus de refugiado. El sistema nipón no contemplaba hasta ahora la deportación de personas cuya solicitud de ese tipo esté bajo trámite.
Además, se pretenden reducir las estancias prolongadas en centros de detención de inmigrantes indocumentados, para lo cual se permitirá a estas personas residir fuera de estas instalaciones bajo la supervisión de algún garante.
Los detractores de la reforma denuncian que esta resultará en la deportación de personas expuestas al riesgo de persecución en sus países de origen, así como en la expulsión de menores que hayan nacido o se hayan criado en Japón.
Los críticos señalan asimismo que numerosos solicitantes de asilo que han logrado el estatus de refugiado en Japón, uno de los países desarrollados más estrictos a la hora de conceder este derecho, lo han logrado después de más de tres intentos.
La reforma nipona, en cambio, contempla un nuevo estatus de "cuasi-refugiado" que podría permitir que permanezcan en Japón personas de zonas afectadas por conflictos y que no cumplan los requisitos para ser plenamente reconocidos como refugiados.
La principal fuerza de la oposición, el Partido Constitucional Democrático de Japón, ha reclamado sin éxito la creación de un organismo independiente para supervisar el proceso de concesión de estatus de refugiado, en manos de las autoridades de inmigración niponas, a las que se acusa de falta de transparencia.
Amnistía Internacional también ha criticado el proyecto de reforma legislativa en su último informe anual, y denunciado que Japón sigue sometiendo a los extranjeros indocumentados "a reclusión prolongada y trato inhumano" en centros para inmigrantes.
Japón concedió en 2022 el estatus de refugiado a 202 personas, entre ellos 147 afganos, en contraste con países europeos o Estados Unidos, que suelen aceptar a decenas de miles de refugiados cada año.
El país asiático tiene un índice anual de reconocimiento de refugiados que no suele superar el 4 % de las solicitudes.
Japón otorga normalmente a las personas reconocidas con el estatus de refugiado un permiso de residencia de cinco años con posibilidad de solicitar posteriormente la residencia permanente si cumplen ciertos requisitos.
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