Con miedo a que el héroe eclipse al ciudadano

Si uno revisa las estadísticas del INEGI en materia de confianza ciudadana, puede apreciar que más del 80% de la población tiene confianza en las instituciones de la Marina y las Fuerzas Armadas, lo que los coloca siempre en los primeros lugares de este rubro.

La confianza ciudadana a las fuerzas armadas es sin duda el resultado de décadas de mostrar a nuestros elementos militares como pilares fundamentales no sólo de la seguridad nacional, sino por el rostro humano que muestran ante las situaciones de desastre; y por supuesto la permanente lealtad institucional.

Esa lealtad institucional tan característica de nuestras fuerzas castrenses fue resultado de un proceso complejo que comenzó con la denominada “domesticación del guerrero”, es decir el ir generando las condiciones para que los ejércitos que habían participado en el movimiento revolucionario fuesen encontrando causes ordinarios para atender las demandas.

Si uno hace un balance de esa “domesticación” de las fuerzas revolucionarias y el ejercito federal, puede imaginarse que el riesgo de turbulencia que se vivió de pasar de tener Titulares del Poder Ejecutivo con formación castrense a hombres civiles fue algo latente en la primera etapa de consolidación de nuestro sistema político.

Las fuerzas armadas durante muchos años han sido un referente de lealtad y estabilidad a las instituciones, han coadyuvado ante la inminente incapacidad de las fuerzas civiles de brindar atención a la ciudadanía y ello los coloca como un referente de confianza para la sociedad.

Desgraciadamente en México desde hace décadas las corporaciones policiacas no sólo no gozan de la confianza ciudadana, sino que son percibidas como órganos con una corrupción sistémica en su interior, que además se encuentran rebasados en su capacidad por las fuerzas del crimen organizado.

Bajo este diagnóstico, era claro que una política de combate a la delincuencia no podría darse de forma única por las fuerzas civiles, por lo que los titulares del Ejecutivo determinaron que era fundamental que las fuerzas armadas tomaran parte activa en la lucha.

Cada sexenio que pasa y que las fuerzas castrenses continúan encabezando la lucha contra la delincuencia organizada ha implicado no sólo el desgaste institucional, sino que se ha buscado ceder en espacios en que los civiles no han encontrado soluciones.

Algunos estudios han mostrado importantes violaciones en materia de Derechos Humanos por las fuerzas castrenses, la sospecha de la corrupción se encuentra latente y por supuesto por muchos años se ha vivido en el limbo jurídico que generó que las fuerzas armadas suplieran la deficiencia de las corporaciones civiles.

Nadie duda de la lealtad de las fuerzas armadas, pero es claro que los civiles están cediendo muchos espacios y que los elementos castrenses cada vez tienen un papel más preponderante no sólo en tareas de seguridad, sino en áreas que pudieran parecer que no tienen relación alguna con sus funciones.

Durante está administración se ha buscado formalizar mediante la norma que las fuerzas armadas dirijan las tareas de seguridad pública, se les ha convertido en constructores de las grandes obras, en ejecutores de la política de salud y en otras nuevas funciones que se han considerado prioritarias.

Tanta fuerza a los militares sin un verdadero esquema de control puede convertirse en un temor a que aquellos hombres que han dado su vida por la patria caigan en la tentación de seguir aumentando su participación en la vida pública del país, eclipsando la capacidad de los civiles.

Tanto poder sin control, en ningún país democrático es sano, indistintamente si hablamos de fuerzas civiles o castrenses, así que quizás es momento de hacer una pausa que permita vislumbrar el proceso complejo que fue “la domesticación del guerrero”, para evitar el tener que realizar un esfuerzo igual durante las futuras administraciones.