Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le basta con tener casi garantizado que tomará el control del INE con la imposición de sus incondicionales, sino que ahora busca revivir el “Plan B” de la reforma electoral.
De acuerdo con el artículo de hoy del periodista Carlos Loret de Mola, el Ejecutivo federal está presionando para apresurar la votación de la Corte en la que se resolverá de fondo la controversia constitucional de dicha reforma.
En esta tarea trabajan el también tabasqueño, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y dos de las ministras afines a Morena: Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Sin embargo, el plan se les podría “cebar”.
La noche del viernes 24 de marzo, la SCJN ordenó la suspensión de todo el “Plan B”, compuesto de dos partes, y admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el INE.
Ahora la Corte tiene pendiente resolver dicha controversia, la cual debe analizar de fondo y votar, pero el tiempo no corre a favor del Gobierno de López Obrador, que requiere que dicha votación se lleve a cabo, al menos el de la primera parte de la reforma, en la primera quincena de abril.
Explica el columnista que es importante que suceda en ese tiempo porque el Presidente sospecha que perderá la votación, pero si ocurre a principios del próximo mes tendrá tiempo de reponer el procedimiento impugnado en el Congreso.
“Así, si pierden esa votación (como es previsible), tengan tiempo de volverla a presentar y volverla a votar en el Congreso, pues el periodo ordinario de sesiones termina el último día de abril”, refiere Loret.
El periodista recuerda que dicha primera parte fue impugnada por violaciones al proceso de aprobación, el cual sucedió en fast track pese a que el documento tenía 600 páginas.
“Lo que sucedió es que los legisladores del bloque oficial, al ver que perdieron la votación del cambio constitucional, en cuestión de minutos agarraron una iniciativa del Presidente, le cambiaron el remitente para presentarla como si fuera de Morena, le agregaron dos parches para complacer a sus aliados del PT y Verde, se brincaron el análisis y votación en comisiones, la subieron al pleno y la aprobaron”, recuerda Loret de Mola.
De no ocurrir la votación de la Corte en primera quincena abril, como lo plantea el gobierno de Obrador, ya no podrá presentar la primera parte del “Plan B” ante el Congreso en ese mismo mes y para el siguiente periodo ordinario, en caso de aprobarse el dictamen, la reforma no podrá aplicarse en estas elecciones.
“El siguiente periodo ordinario es hasta septiembre, con lo cual, de aprobarse en esas fechas la reforma, ya no podría entrar en vigor para la elección del 2024 porque la ley marca que cualquier cambio tiene que aprobarse tres meses antes del inicio del proceso electoral, y no dan los tiempos”, añade.
Y parece que esto último es lo que va a ocurrir porque, de acuerdo con Loret de Mola, en la Corte prevén votar la controversia constitucional en abril, pero hasta la segunda quincena.
EN QUÉ CONSISTE EL PLAN B
El llamado “Plan B” surgió luego de que el 6 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados desechó la reforma político-electoral para la que se requería la votación a favor de las dos terceras partes de los legisladores y que Morena no pudo reunir.
Por ello el Presidente envió un nuevo proyecto para modificar las leyes secundarias sin tocar a la Constitución. Dicho plan fue integrado en dos partes en las que se hicieron cambios a las siguientes leyes:
>Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
>Ley General de Partidos Políticos.
>Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
>Expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En términos generales, el “Plan B” reduce la estructura del INE, entre ellas la eliminación de unas 300 juntas distritales, y se da mayor libertad a los partidos para hacer proselitismo y actos anticipados de campaña.
Además pone “techo” al suelo de los consejeros electorales quienes no podrán ganar más que el Presidente de la República.
También modifica el proceso de cómputo de votos y elimina al PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), así como al Servicio Profesional Electoral Nacional.
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