La Fiscalía General de la República impugnó el pasado fin de semana la sentencia de amparo que ordenó cancelar la orden de aprehensión librada en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La dependencia federal presentó el recurso de revisión y su escrito de agravios contra el fallo dictado el pasado 27 de febrero por Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, quien consideró que el mandato de captura violaba el debido proceso.
El expediente ahora será turnado a un tribunal colegiado penal de la entidad, para determine si confirma, modifica o revoca la protección de la justicia otorgada en primera instancia al ex mandatario panista.
El juez de amparo instruyó anular el mandamiento de captura librado el 4 de octubre pasado por Ivan Zeferín Hernández, entonces Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
En su sentencia, Gutiérrez argumentó que la aprehensión viola el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos (non bis in ídem), ya que en este caso el juez de control acomodó dos tipos penales a las acciones atribuidas al tamaulipeco.
Señaló que la pertenencia a un grupo criminal, un supuesto hecho por el que se fincó el delito de delincuencia organizada, no acredita de forma automática el lavado de dinero.
Por lo anterior, el juzgador instruyó cancelar el mandamiento de captura y dictar una nueva resolución que establezca que no existen datos de prueba que acrediten que se han cometido los hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada y lavado.
La FGR afirma que, durante su gobierno, el ex Gobernador de Tamaulipas adjudicó cinco contratos de obra al constructor Baltazar Higinio Reséndez Cantú por 138 millones 939 mil 168 pesos.
Luego, entre marzo y abril de 2018, Reséndez pagó 33.5 millones a Juan Francisco Tamez Arellano por la compra de un terreno.
Para 2019, la empresa T Seis Doce, de la que Tamez Arellano es accionista mayoritario y representante legal, compró en 42.1 millones el departamento de García Cabeza de Vaca en Ciudad de México.
Para la FGR, esta fue una triangulación de recursos del erario que fueron lavados a través de una compra venta y que terminaron en las cuentas del ex Mandatario.
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