Entre el 2006 y 2009 Rafael Cauduro pintó en los muros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, su polémico mural Un clamor por la justicia. Siete crímenes mayores; en esa obra, el artista plasmó la tragedia de las víctimas de la violencia que permeaba en ese entonces en México y que hoy, lejos de atenuarse, se ha multiplicado y diversificado de tal manera que ya no alcanzan los adjetivos para calificarla.
El objetivo de Cauduro, en aquel lejano 2006, en los albores de la Guerra contra el Narco que llevó la violencia hasta el último rincón del país, además de mostrar el sufrimiento de las víctimas, era exponer las “limitaciones, fallas y problemas no resueltos” del sistema de justicia mexicano; para ello representó lo que consideraba los delitos más lacerantes, a saber: el homicidio, la violación, el secuestro, la represión, la tortura como método para arrancar confesiones y los procesos burocráticos viciados en la procuración e impartición de justicia.
Catorce años después, esos delitos se cometen al por mayor, la tortura sigue siendo un método frecuente para hallar culpables y los procesos viciados en las fiscalías y en los tribunales siguen siendo la norma. La justicia en México es una utopía.
Tan solo en 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 2 millones 141 mil 953 delitos en todo el país.
En el caso de San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 55 mil 902 denuncias por igual número de delitos, cifra “histórica”, para emplear un adjetivo frecuente en la demagogia de políticos y gobernantes que se la pasan prometiendo justicia y fin a la impunidad.
Las carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía estatal consignan los expedientes de 648 víctimas de homicidios dolosos, 14 víctimas de feminicidio, 13 víctimas de secuestros y 644 víctimas de violaciones sexuales, delito -este último- que afecta principalmente a mujeres y menores de edad.
Además, según los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022, durante el 2021, en San Luis Potosí se registraron 149 víctimas de tortura y 49 de desaparición forzada.
Como se ve, la delincuencia prolifera y en mientras tanto, estadísticamente, está demostrado, que la Fiscalía es incapaz de hacer justicia a las víctimas.
En 2021, en toda la entidad se denunciaron 51 mil 070 delitos, sin embargo, las indagatorias abiertas por la Fiscalía General, solo dieron como resultado 827 personas imputadas y únicamente 1 mil 069 imputados vinculados a proceso por el Juez de Control o Garantías.
Al cierre del año, la FGE reportó al INEGI, 36 mil 186 carpetas en la etapa de investigación inicial, y solo 1 mil 565 en la etapa de investigación complementaria, además de 6 mil 869 averiguaciones previas.
Otro dato: al inicio del 2021, la Fiscalía tenía 1 mil 687 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar, y al cerrar el año, se mantenían sin cumplimentar 1 mil 539.
Es evidente que la posibilidad de acceder a la justicia es ínfima.
De cualquier modo, las cárceles potosinas serían insuficientes para internar tan solo a los responsables de los seis delitos arriba mencionados, pues según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el sistema penitenciario estatal cuenta solo con 3 mil 062 espacios, de los cuales 2 mil 544 ya están ocupados.
Si la FGE cumplimentara tan solo las órdenes de aprehensión que tiene pendientes, las prisiones quedarían saturadas. Sería necesario construir por lo menos otras 10 cárceles –desde luego no es lo ideal– para poder llevar a prisión a los responsables de 16 mil 215 robos, 4 mil 544 casos de lesiones, 2 mil 408 narcomenudistas, 2 mil 658 fraudes y 8 mil 861 casos de violencia familiar, por citar solo algunos de los delitos denunciados durante el 2022.
Vamos, ni siquiera hay personal suficiente para procesar a tal cantidad de delincuentes. Según el INEGI, la Fiscalía potosina contaba con un personal de 972 empleados al cierre del 2021, aunque se aclara que “las cifras correspondientes a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí son de carácter parcial debido a que negó entregar la información sobre agentes del Ministerio Público, peritos y policías por motivos de reserva”.
Así que ni siquiera sabemos cuántas agencias del MP hay en San Luis Potosí actualmente. El dato más cercano es el del censo del 2019, en ese entonces la entidad contaba con 117 agencias y un promedio de 9.3 agentes y/o fiscales por cada cien mil habitantes. Si se divide el número de denuncias entre el número de agencias, la carga anual de trabajo es, aproximadamente, de 477 nuevas carpetas de investigación por agencia del MP cada año, una cifra muy superior a la media nacional que es de 149 carpetas al año por agente del MP, siempre de acuerdo con datos del Inegi.
Eso sí, la FGE potosina está entre las quince que más presupuesto ejercieron en 2021, con 1 mil 192.6 millones de pesos, cifra que en 2022 se elevó a 1 mil 255 millones 811 mil 473 pesos. Y no se diga la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que el año pasado ejerció 2 mil 545 millones 185 mil 183 pesos, y aún así la incidencia delictiva aumentó 9.46 por ciento.
En fin, funcionarios van y funcionarios vienen, miles de millones de pesos se invierten y decenas de miles de delitos se siguen denunciando, pero solo unos cuantos presuntos responsables se procesan, y todavía son menos las personas que, en su condición de víctimas, pueden recibir el paliativo de la justicia.
