La cifra de personas consideradas presas políticas en Nicaragua aumentó a 245 hasta enero pasado, 30 de ellas mujeres, según un informe divulgado este sábado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De ese total, 10 se encuentran encarcelados previo a las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, y los otros 235 después de la revuelta popular, indicó ese Mecanismo, conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de opositores presos y excarcelados, y abogados defensores de "presas políticas".
En enero pasado, 10 personas más fueron encarceladas, con lo que la cifra subió a 245, según el informe.
Ese Mecanismo considera que una persona es presa política cuando la verificación de información indica que el caso cumple con al menos uno de los siguientes criterios, como si la persona es detenida en violación de una de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución o en el derecho internacional de los derechos humanos en particular.
También si la detención ha sido impuesta por razones puramente de persecución política, sin conexión con cualquier delito; si la detención es prolongada como resultado de motivación política; si hay aplicación desigual de la ley, fundada motivación política; o una manifiesta violación de debido proceso, relacionada con motivación política.
ALERTAN SOBRE DETENCIONES DE FAMILIARES DE "PRESOS POLÍTICOS"
De los 245 considerados presos políticos, 61 se encuentran en la cárcel "El Chipote", donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial, y 12 en casa por cárcel.
Además, 40 de los opositores encarcelados en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 son personas de 60 años de edad o más, de acuerdo con el informe.
Managua, Masaya (en el Pacífico), y Matagalpa (norte), son en ese orden, los departamentos (provincias) con mayor número de personas "presas políticas", señaló ese Mecanismo.
"Se identifica un nuevo patrón de incremento de detenciones y judicializaciones de familiares de personas presas políticas, por el hecho de exigir la libertad de sus seres queridos. Tres familiares de personas presas políticas se encuentran en prisión", alertó ese grupo, que aclaró que "en el listado solamente se incluyen a las personas presas políticas de quienes se obtuvo autorización de sus familiares para su publicación".
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el Gobierno de Ortega reconoce "más de 300".
La crisis política y social se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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