La ONU en México advirtió que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que valida el acuerdo que permite que la actuación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, podría exacerbar el “ya alto nivel de violencia” y podría favorecer las violaciones a derechos humanos.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recuperó las preocupaciones previamente señaladas por expertos del organismo, en las que señalaron las posibles consecuencias de la presencia del ejército en dichas labores.
Entre estas, se encuentra “la posibilidad” de que “se exacerbe el ya alto nivel de violencia que existe en diferentes partes del país”. También advirtieron que las Fuerzas Armadas realizarían actividades que “no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, apuntaron.
Por lo tanto, la ONU-DH calificó el acuerdo como una asignación indebida en tareas de seguridad pública a los militares.
A esto se sumó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el cual afirmó que “se perdió una oportunidad para que el Poder Judicial actúe como contrapeso ante la militarización en el país”. Igualmente, hizo un llamado a la Corte a abordar las demás acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas sobre este último tema y la Guardia Nacional.
Este martes, el pleno de la SCJN validó el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador que faculta a las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública de forma permanente hasta que se consolide la GN.
Originalmente, dicho plazo estaba previsto para concluir en marzo del 2024. Sin embargo, el pasado 19 de noviembre se extendió la participación hasta el 2028 tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El texto establece que la participación de los elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México deberá ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública” mientras se consolida la nueva corporación.
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