¿Rumbo al país de un solo hombre?

La concepción de un Estado democrático pasa necesariamente por entender que el poder debe estar controlado, es decir debemos construir barreras que lo contengan, de lo contrario su desbordamiento podría traer limitaciones y violaciones a derechos de los ciudadanos.

Bajo está lógica es que desde la ilustración hablamos de la división de poderes, en el que cada uno de los órganos permite la vigilancia del otro, se impide que alguno pase por encima de los principios jurídicos rectores del Estado y con ello se mantiene estabilidad política en los países.

Se han diseñado muchos mecanismos en el andamiaje de los pesos contra pesos, el Poder Judicial revisa la actuación del Ejecutivo a través de los juicios de amparo, pero a su vez revisa al Poder Legislativo por medio de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales; el Legislativo revisa a los otros poderes mediante las comparecencias y la fiscalización, el Ejecutivo hace lo propio por mecanismos con el Derecho de veto para el congreso y algunos otros para el judicial.

Como se ve, el andamiaje institucional es muy complejo y no nació en el marco jurídico por generación espontánea, sino que, por el contrario, fue un tortuoso recorrido para ir fortaleciendo a los Poderes del Estado frente al presidencialismo exacerbado que se concibió con el surgimiento del Estado moderno mexicano.

Al ya por si complejo andamiaje de los tres órganos originarios, fueron surgiendo órganos casi de rango de poder, que fueron desmembrándose del Ejecutivo una serie de funciones que fortalecieron la democracia, la profesionalización y la eliminación de intereses partidistas electorales en la toma de decisiones, con tal característica nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, etc.

De ahí se permitió desterrar grandes prácticas del presidencialismo, los poderes y los órganos alcanzaban nuevo grado de autonomía y la revisión del poder empezó a dar frutos dentro de la incipiente democracia.

No estamos diciendo que la revisión del poder mexicano fuera un ejemplo, pero si se encontrábamos instituciones con mayor presencia, que permitían finiquitar el monopolio de la agenda al Presidente, y ello atraviesa por el Congreso de la Unión y el Poder Judicial y los propios órganos autónomos.

Sin embargo, hay prácticas que quieren regresar, la domesticación de los órganos autónomos ha sido un proceso paulatino pero que ha permitido que en muchos casos queden difuminados y sin presencia, en algunos otros supuestos vemos que han convertido la prudencia en un silencio sepulcral que los desaparece del escenario.

Si bien en muchos casos hemos normalizado la difuminación de dichos órganos, la realidad es que cada vez resulta más preocupante su salida del espacio público, por lo que se hace necesario plantearse la necesidad de regresarles un poco de la vitalidad que les fue arrebatada.

Pero ese proceso pasa necesariamente por los órganos Legislativos, mismos que tienen la representación de la soberanía popular, que deben ser los principales impulsores de la revisión del poder y que en muchos procesos ellos son los determinantes para la designación de los titulares.

El desaire del que fue objeto el Senado de la República por parte de la Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo muestra que para la Ombudsperson rendir cuentas al legislativo no es una prioridad, pero surge la duda ¿si la reunión hubiera sido convocada por Palacio Nacional, la respuesta hubiera sido la misma?

Si el Senado deja pasar este hecho sin ningún pronunciamiento enérgico, se asume que está dispuestos a considerar a México el país de un solo hombre, de lo contrario la sede del federalismo México se asumirá como un ente que puede despertar para exigir cuentas a los funcionarios en un país en que los controles cada vez son más cuestionados.