Seguridad: la deuda del gobierno federal con SLP

El gobierno federal está en deuda con los potosinos, las promesas de apoyo en materia de seguridad hechas en distintos momentos por funcionarios de alto nivel no se han concretado, esta desidia cobra cada día una dimensión mayor con la frecuencia con la que se presentan hechos de violencia de alto impacto en distintos lugares de territorio potosino.

Se requiere de manera imperiosa el arribo de más fuerzas castrenses y guardias nacionales al estado potosino y que combinen operativos con tareas previas de inteligencia contra objetivos criminales que ya están plenamente identificados, como su ubicación y modus operandi.

Lo que se observa de estas instancias federales es una extraña pasividad, un dejar pasar y hacer que propicia el debilitamiento de las autoridades y en la sociedad una sensación de orfandad, de indefensión contra actos que ponen en riesgo la integridad de las personas y sus bienes.

La vecindad geográfica de San Luis Potosí con Zacatecas, Guanajuato y Tamaulipas, entidades que tienen graves problemas de delincuencia organizada y una tasa alta de homicidios dolosos, nos coloca en los bordes de una situación vulnerable que aún se puede evitar con acciones preventivas de los tres niveles de gobierno.

El llamado “efecto cucaracha” se ha dejado sentir en San Luis Potosí, la mayoría de los agresores como las víctimas provienen de otras entidades, se ha documentado la incursión y acciones delictivas de personas que se trasladan a este estado al advertir una vigilancia menos rígida en comparación de los lugares de donde proceden o escapan para sustraerse del brazo de la justicia.

En este complejo escenario,  el gobierno estatal no está cruzado de brazos y creó la Guardia Civil Estatal que ha desplegado operativos exitosos contra células de alta peligrosidad en distintos municipios, se han logrado detenciones y decomisos de drogas y armas, se reconoce el valor de los elementos estatales y se lamentan algunas bajas.

A diferencia de sus antecesores que para no hacer nada se parapetaban en el pretexto gastado de que el delito de alto impacto no está dentro de su esfera de competencia, el gobernador Ricardo Gallardo designó una importante inversión para el equipamiento de la Guardia Civil Estatal, construcción de comandancias y reclutamiento de nuevos elementos; autorizó mejores sueldos y prestaciones.

Se han blindado los límites del estado con sus vecinos incómodos, hay filtros de seguridad itinerantes en los accesos de la Zona Metropolitana y en las otras regiones del estado con buenos resultados; también se ha logrado la disminución de algunos delitos. Se exhorta con insistencia a los ayuntamientos a invertir en seguridad pública, pero hay reticencia en muchos casos, es el eslabón más débil de esta cadena y a la vez el más cercano a la población.

En materia de seguridad, el gobierno estatal pone su mejor empeño, pero para lograr mejores resultados y contener el avance de las bandas criminales es necesario que la Sedena y la Guardia Nacional ya salden su deuda con San Luis Potosí y manden más elementos a reforzar la lucha diaria que se libra contra la delincuencia.