¿Arrancando hojas a la constitución?

El estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador tomó por sorpresa a muchos órganos que se creían distantes de los vaivenes políticos electorales y uno de ellos fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde que López Obrador era presidente electo obligó a que la Corte dejara de lado la comodidad que le brindaba los argumentos técnicos-jurídicos con la que quiso vacunarse por décadas, ya que la nueva administración empujaba al órgano jurisdiccional a tener que considerar el lado político de sus decisiones.

De ello podemos encontrar múltiples ejemplos, dentro de los que destaca sobremanera la discusión que se dio en la Corte con motivo de la consulta para enjuiciar a los expresidentes; y en todas y cada una de ellas, hemos sido testigos de que el Presidente busca la forma para generar presión sobre los ministros.

En está ocasión el tema a discusión es la prisión preventiva oficiosa, mucho se ha escrito y debatido sobre los argumentos jurídicos respecto a si su existencia atenta contra los principios de los Derechos Humanos y la presunción de inocencia, si la Corte puede ejercer un control de convencionalidad sobre el texto legal fundamental, entre otros rubros.

Sin embargo, estamos perdiendo de vista que atrás de todo el ruido de abogados que se escucha sin cesar, es necesario tratar de dilucidad la carga política que tiene de fondo está discusión en el máximo tribunal del país.

La discusión en el Pleno de la Corte puede quedar enmarcada con la frase del Ministro Pérez Dayán: “No soy quien para desprender hojas de la Constitución…” Y es que al final del día la gran interrogante es: ¿Quién puede decidir inaplicar el texto fundacional del Estado mexicano?

Si se parte del punto de vista jurídico podríamos considerar que la discusión central es el individuo y el respeto a los Derechos Humanos y ello pasa incluso por arriba del texto constitucional; pero si hablamos desde el punto de vista político, debemos considerar ¿Qué pesa más, el interés individual o el interés colectivo? Ya que la inaplicación de la constitución por parte de un órgano derivado de ella nos hace pensar que ya no habrá limites para la contención del poder, afectando al individuo en lo particular y a la sociedad en lo general.

La Constitución ha sido el gran freno para los gobernantes, ha impedido la reelección tan anhelada por algunos, ha garantizado procesos electorales más equitativos, ha frenado ocurrencias gubernamentales que afectan a los ciudadanos, y ha impedido centralizar sin medida el poder en un solo hombre.

Este es el fondo político del asunto, si el día de hoy la Suprema Corte decidiere que puede asumirse con facultades para inaplicar el texto constitucional, ¿Quién podría impedir que el Presidente hiciere lo propio con artículos que le estorban como el establecimiento del INE, la Guardia Nacional y otros? ¿Quién podría frenar sí el Congreso con la mayoría simple de algún partido o coalición decidiera por sí mismo modificar su composición y eliminar las voces disidentes?

La Corte se asume como el órgano protector de la Constitución, dejarle que ella por sí misma pueda ordenar su inaplicación, corrompe el principio de división de poderes y generaría un órgano desbordado sin control y sería fundamental cuestionarlos ¿Quién vigilará al vigilante?

Abrir la puerta para que un Ministro y/o cualquier poder pueda desprender hojas a la Constitución, no sólo nos coloca en riesgo de alejarnos de un modelo de país democrático, sino que podría permitir la creación de personajes como Juan Vargas de la Película la “Ley de Herodes”, en la que hasta un alcalde arranca sin miramientos del texto fundamental, todo aquello que no le funciona.

Esperemos que el Congreso de la Unión y la Corte busquen mecanismos y consensos que permita garantizar el respeto a los Derechos Humanos, sin que ello nos haga abrir puertas que puedan significar riesgos para la democracia, hoy la discusión necesariamente es buscar el equilibrio que garantice uno, sin pisar lo otro.