El gobierno de Estados Unidos apoya y asesora a México para investigar e integrar una lista de funcionarios públicos corruptos e integrantes de organizaciones criminales relacionados con el lavado de dinero para llevarlas a juicio y lograr sentencias condenatorias.
De acuerdo con información de El Herlado de México, la asistencia técnica y legal a México se realiza como parte del Entendimiento Bicentenario -antes Iniciativa Mérida- a través del Departamento de Justicia con personal de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT), dependencia encargada de asistir a fiscales y personal judicial fuera de los Estados Unidos a desarrollar y sostener instituciones efectivas de justicia criminal.
En el International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering del Departamento de Estado de Estados Unidos se reconoce que las autoridades mexicanas han tenido “cierto éxito” investigando y bloqueando cuentas de dinero sospechoso de lavadores de dinero y otros actores ilícitos, pero han mostrado “un progreso limitado” en el enjuiciamiento exitoso de lavado de dinero y otros delitos financieros, por lo que se requiere fortalecer ciertas áreas.
“Bajo el Marco del Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud Pública y el Comunidades, Estados Unidos y México profundizarán su alianza para contrarrestar el dinero lavado mediante el apoyo a la investigación y enjuiciamiento de funcionarios corruptos y otros delincuentes transnacionales”, indica el Departamento de Estado.
Señala que los fiscales y las autoridades mexicanas encargadas de hacer cumplir la ley han tenido dificultades para investigar y enjuiciar delitos financieros, y estos fallos pueden resultar en desestimaciones de casos adicionales.
Datos del Poder Judicial Federal revelan la existencia de nueve condenas por lavado de dinero en 2018, de 19 en 2019 y sólo tres en 2020, “estos bajos niveles de condena demuestran la capacidad limitada de México para procesar estos delitos”.
La OPDAT ha impartido curso a jueces de la SCJN, a agentes del Ministerio Público Federal de la FGR, y ahora se extenderán a integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras.
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