Una caída muy anunciada

El proceso sucesorio del poder en México, siempre ha sido un tema que realza mucho interés, pero a su vez, se encuentra marcado por el misticismo, solemnidad y porque no decirlo, hasta un poco de humor.

Hay quien dice, que el peor año para los gobernantes es el séptimo, aquel año en que el poder se entregó, muchos “amigos” se fueron, pero también, es el momento en que el nuevo Gobierno debe revestirse de legitimidad y marcar un rompimiento entre lo que se fue y lo que está comenzando.

Para todos los gobernantes acercándose el final de su sexenio, es muy probable que se cruce por su mente la siguiente pregunta: ¿Es preferible que mi sucesor me deba la posición o que sea una persona distante mí?, sin embargo, esa pregunta carecería de importancia, si las administraciones se apegaran a la norma.

Pero eso pareciera muy difícil de alcanzar, la corrupción como un problema muy enraizado en el Estado mexicano, y la locura que en muchos casos genera el propio poder, hacen que muchas administraciones, no puedan resistir cañonazos de millones de pesos.

San Luis Potosí, no es la excepción en cuanto importantes acontecimientos como parte de las sucesiones gubernamentales, la salida del PRI en el 2003 y la llegada de Marcelo de los Santos, exhibieron irregularidades en áreas como los invernaderos Santa Rita; el regreso del PRI en el 2009 llevó a la prisión a altos funcionarios del gobierno marcelista, aunque no logró materializar su intento fallido de inhabilitar al extitular del Poder Ejecutivo.

El Gobierno de Toranzo fue señalado por múltiples escándalos de corrupción, pero sin duda alguna su gran acierto personal, fue la elección de su sucesor, Juan Manuel Carreras López, quien inició su administración, sin ni siquiera hacer revuelvo en ese tema, pasando de largo, con sus característicos tonos grisáceos.

 Probablemente los carreristas, pensaron que el fin de la administración no los alcanzaría o simplemente en sus cabezas pasó la idea, que los sucesores, serían tan benevolentes como ellos lo fueron, sin embargo, la gallardía no parece tener consideraciones para los ahora marginados carreristas.

Ricardo Gallardo, llegó al Gobierno del Estado, por muchas circunstancias que se fueron construyendo con el paso del tiempo, poco tiempo antes de la elección de gobernador del 2015, nadie hubiera apostado, a que seis años después, se haría con el triunfo electoral, gritando a los cuatro vientos, que su gobierno empezaría con una “herencia maldita”.

Sin embargo, los carreristas pusieron en bandeja de plata la sucesión gubernamental, resultados pocos visibles, un priismo nacional y local en crisis, un gobernador que a su vez era dirigente político ausente; y muchos escándalos de corrupción que desnudaban la frivolidad en la que desempeñaron su trabajo algunos funcionarios.

Múltiples son las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que son señaladas por actos de corrupción, muchas fueron las investigaciones ciudadanas y periodísticas que desnudaron que para algunos el servicio público fue la oportunidad para hacer negocios y pese a todo ello, nunca vimos una acción determinante que pusiera distancia entre los actos opacidad y la corrupción, con la administración.

A menos de un año de Gobierno, la Fiscalía del Estado, ha logrado llevar a los tribunales penales a dos titulares de Secretarías y otros funcionarios, se hablan de más de una decena de carpetas de investigación que se encuentran abiertas, pero sin duda la más esperada era la de la Secretaría que debía cuidar a los potosinos durante la contingencia sanitaria.

Aquí no se pretende hacer leña del árbol caído, ojalá la Fiscalía haga un trabajo ejemplar, que permita dilucidar si hubo o no actos de corrupción en esa y otras áreas gubernamentales, ojalá las instituciones gubernamentales hagan un trabajo ejemplar, que permita dejar claro que el combate a la corrupción no es una bandera legitimadora, sino un compromiso del Estado.

El trabajo de frente en estas y otras carpetas de investigación, será un reto mayúsculo, y esperemos que estén a la altura de las exigencias ciudadanas, pero sobre todo que la nueva administración no se permita cometer los mismos errores que hicieron aquellos que hoy están siendo juzgados, porque de lo contrario en 5 años, este Gobierno, heredará, su propia herencia maldita.