Periodismo bajo amenaza

En lo que va del 2022 ya suman ocho periodistas asesinados en México. Es increíble que el periodismo sea una de las profesiones más peligrosas en nuestro país. En lo que respecta a nuestro estado San Luis Potosí la cosa no es para menos, basta recordar al ex diputado local y ex candidato a la gubernatura por Redes Sociales Progresistas José Luis Romero Calzada, que sigue acumulando agresiones y amenazas contra mujeres, periodistas y activistas.

Contagiada negativamente y siguiendo los mismos pasos que su esposo, la diputada plurinominal Gabriela Martínez Lárraga ha caído en intimidaciones y amenaza el derecho a la libertad de expresión, amagando a quién se le ocurra cuestionar o exhibir acciones nada éticas de su parte como legisladora.

Es una incongruencia descomunal que la diputada Martínez Lárraga presida la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de San Luis Potosí, cuando su pareja acumula un sinfín de agresiones e insultos a mujeres de la zona huasteca, a periodistas y activistas.

Por ningún motivo podemos tolerar amenazas de esta gente, el periodismo no puede estar asediado y menos acorralado por nadie. Es momento de alzar fuerte la voz, de que crezca la solidaridad y de impedir agresiones. Gracias a la unión de periodistas del estado, la organización Artículo 19 que es un gran apoyo para el gremio, el mecanismo de protección a periodistas y diversos medios nacionales que han puesto los ojos en San Luis Potosí y externado su solidaridad, podemos sentirnos apoyados y que no estamos solos en esta lucha contra la terrible corrupción y los abusos de políticos que tanto han dañado a nuestro querido San Luis.

PERMISO PARA MANIFESTARSE

El que nada más no da una, es el diputado local del Partido del Trabajo René Oyarvide Ibarra que ahora busca realizar modificaciones a la ley, para que la gente que pretenda manifestarse tenga que notificar a las autoridades correspondientes, algo así como pedir un permiso para ejercer un derecho.

Se entiende muy bien que la gente se moleste, cuando un contingente de inconformes marche por una importante arteria vial o de plano, tenga que bloquearla. Aquí lo más grave es el fondo, si se hacen modificaciones donde se deje una pequeña puerta abierta para la criminalización a la protesta y persecución de personas incomodas, algo como esto que pretende René Oyarvide puede abrir la caja de pandora.

Abría también que preguntarles a tantas familias que salen desesperadas, tras ser ignoradas por meses ante la falta de agua, que como último recurso deciden protestar y plantarse en una avenida. Extrañamente su problema se soluciona tras salir a las calles. El grave problema lo ha creado la autoridad por no dar respuestas a la ciudadanía.

Una propuesta parecida para regularizar las manifestaciones fue impulsada en el 2014 por el diputado panista Aejandro “Boris” Lozano, que finalmente fue desechada por el inminente riesgo que puede existir en el fondo y que permita a las autoridades utilizarla como el pretexto perfecto para la represión.