Gobierno transparenta apoyo a la asistencia social

La “herencia maldita” abarca gran parte de la estructura estatal y sobre todo la manera como se repartían los recursos públicos en el pasado gobierno y aún más atrás, de una manera muy discrecional, esta nociva práctica devino en la comisión de múltiples irregularidades en detrimento de nobles propósitos como es el apoyo asistencial.

Durante años varias organizaciones civiles estuvieron recibiendo millones de pesos con el pretexto de que otorgaban atención a sectores vulnerables, estos servicios siempre fueron de dudosa justificación e incierta comprobación por la complicidad del Congreso del Estado.

No solo diputados, funcionarios de primer nivel y políticos se prestaban a este desvío de recursos e incluso recibían todo o una parte de manera directa. También era recurrente que utilizaran a familiares para tratar de encubrir lo inocultable, el tráfico de influencias, el abuso de poder y usufructuar recursos sociales que no les correspondían.

Esta situación fue detectada por el gobernador Ricardo Gallardo Juárez, por lo que se promovió una reforma en el Congreso del Estado para transferir al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia las facultades para definir el monto a repartir y definir a las asociaciones civiles que recibirán los recursos.

A partir del diagnóstico que se realizó sobre la partida presupuestal para fines asistencialistas, se identificaron a varios membretes y sus directivos que cada año recibían un considerable monto sin cumplir los requisitos mínimos para acceder al beneficio.

Al ponerse un alto a este fraude, no se le puede llamar de otro modo, algunas de esas asociaciones que ya quedaron fuera de la lista de beneficiarias pretenden engañar a la opinión pública al hacerse pasar como afectadas por una errática política del nuevo gobierno, cuando lo cierto es que estaban incurriendo en un delito: usar fondos destinados para la gente más necesitada para fines personales.

Esto permitió al DIF estatal depurar la lista de las asociaciones que sí cumplen con los requisitos de ley y cumplen con sus objetivos de manera irrefutable, como son los casos de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, instituciones que recibirán alrededor de 40 millones de pesos este año; otras como las de estancias infantiles, de atención a pacientes oncológicos y más, unas asociaciones, recibirán un apoyo importante.

Las asociaciones que ya no recibirán recursos por no cumplir los requisitos y ejercían los recursos para su beneficio personal por sus nexos con el poder, son unas 50, si usted lee por ahí que se quejan de haber sido excluidos de manera injusta, están mintiendo.

En otro tema, se resalta el trabajo realizado por el secretario de Finanzas, Salvador González, como coordinador general del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (Coplade) en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, y en el análisis y discusión realizados por diversas comisiones del Congreso del Estado.

Las y los diputados contribuyeron para contar con documento enriquecido, por lo que ya fue entregado de manera oficial al mismo Poder Legislativo la semana pasada. El gobernador Ricardo Gallardo estuvo muy atento al desarrollo de este procedimiento que inició con una consulta pública, y dejó clara su disposición a la apertura, inclusión, participación y diálogo de todos los sectores para que reflejara con nitidez las propuestas de la sociedad civil para que este sexenio se concreten los anhelos de progreso, bienestar, justicia, seguridad y desarrollo económico y social que demanda la población. 

Se consultaron a los pueblos originarios y a personas con capacidades diferentes, hubo consensos que superaron las omisiones y las diferencias. En esta labor también tuvo un papel destacado el secretario General de Gobierno; solo falta que el Plan Estatal de Desarrollo sea votado por el pleno del Congreso del Estado en próxima fecha.