Agrupaciones de productores privados de energía advirtieron sobre seis graves impactos de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal, que complicarían cumplir con metas de producción de energías limpias, evitar el alza de costos a usuarios y mantener la inversión para atender las necesidades del país.
Esta situación podría impactar en San Luis Potosí, donde operan tres parques eólicos y dos de energía solar. En territorio potosino operan tres parques eólicos de la empresa Enel Green: uno en La Herradura, en Santo Domingo, con capacidad de 300 megavatios; y dos en Charcas, Dominica I y Dominica II, con una capacidad de 100 megavatios cada una.
En cuando a producción de energía solar, la empresa FRV Solar opera en Villa de Ramos con una potencia de 600 megavatios, y en Villa de Arriaga está Iberdrola, con el Proyecto Santiago, con capacidad de 170 megavatios.
En SLP inversiones detenidas
Luis Potosí ocupa un lugar importante en inversiones en energías limpias en el país, sin embargo, en el marco de los foros sobre la Reforma Eléctrica, la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar presentaron a la Cámara de Diputados un análisis donde alertan también por el estancamiento de inversiones en el país.
Ya en noviembre del 2021, la Cámara Nacional de Industria de la Construcción (Canacintra) en San Luis Potosí, alertó que en la entidad potosina las inversiones en energías limpias están detenidas ante la incertidumbre que ha generado la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Detalló que la iniciativa privada busca desarrollar proyectos de energía solar y eólica en municipios del norte del estado. Aseguró que se trata de inversiones directas que generarían empleos, sin embargo, reitero que está detenida toda inversión en este rubro.
Déficit de energía límpia
De acuerdo a la Comisión Federal de Competencia (Cofece), la ralentización de la inversión en energías limpias, y en particular renovable, ocasionada principalmente por la suspensión del mecanismo de subastas de largo plazo y los cambios en el marco regulatorio y las condiciones del mercado eléctrico, implica que haya un déficit en energía limpia.
Para 2024, este déficit sería del orden de 6 mil 700 megawatts de energía eólica o bien 8 mil 300 megawatts de energía solar fotovoltaica.
CFE comprador y vendedor único
Como primer impacto de la iniciativa, se precisa que se cancelaría la libre competencia en generación y suministro, para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea la única responsable del sector. "La CFE sería el único comprador y vendedor de electricidad", señala el análisis entregado a los diputados.
Control unilateral
En segundo lugar, indican que si la CFE es la única responsable de la transición energética, el efecto será la cancelación de los mecanismos de promoción de generación limpia, como son los Certificados de Energías Limpias (CEL) y Subastas de Largo Plazo.
Advierten, como tercer punto, sobre medidas centralizadas y discrecionales en la propuesta de eliminar a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la incorporación de la Cenace a la CFE.
"La CFE sería un Organismo del Estado que definiría unilateralmente los mecanismos de participación privada, sin ningún control regulatorio", indica el estudio.
Sector privado, sujeto a la voluntad de la CFE
Como cuarto punto, se indica que la iniciativa pretende que la CFE produzca 54% de electricidad y que el sector privado se quede en un tope de 46%.
Sin embargo, se advierte, el sector privado estaría sujeto a la voluntad de CFE para participar hasta por 46% en un mercado indefinido.
"CFE podría maximizar su generación sin importar el costo ni las emisiones", se indica, porque en dichos límites de producción no se señala alguna preferencia por las energía limpias.
Transferencia de costos ineficientes a usuarios finales
En quinto lugar, la iniciativa propone la cancelación de los permisos de generación, contratos de compraventa con el sector privado, solicitudes pendientes de resolución y certificados de energía limpias.
El sexto impacto consiste en que la propuesta presidencial indica que la CFE determinaría las tarifas de las redes de transmisión, distribución y usuarios finales.
"Esto ocasionaría la transferencia discrecional de costos ineficientes de CFE a usuarios finales", agregan.
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