Pide Va por México presentar controversia contra decretazo

Con la representación de 200 diputados, las bancadas del PAN, PRI y PRD solicitaron al Presidente de la Cámara de Diputados que presente ante la Suprema Corte una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional las obras públicas federales.
 
 El llamado "decretazo" fue publicado el 22 de noviembre de 2021 y el próximo 19 de enero se vence la fecha para presentar la demanda de controversia constitucional.
 
 A través de la Junta de Coordinación Política, los coordinadores de la alianza Va por México hicieron la petición al morenista Sergio Gutiérrez Luna.
 
 Los legisladores sostienen que al declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura, se viola la Constitución y crea excepciones a la ley.
 
 El decreto instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización, permisos o licencias provisionales, de manera "fast track", en un plazo máximo de cinco días hábiles, para iniciar los proyectos a cargo del Gobierno.
 
 Estos documentos tendrán una vigencia de 12 meses, tiempo en el que habrán de obtener las autorizaciones definitivas.
 
 Debido a la naturaleza del acuerdo presidencial, los coordinadores del PAN, Jorge Romero Herrera; PRI, Rubén Moreira Valdez; y PRD, Luis Espinosa Cházaro, valoraron que lo procedente es la controversia más que la figura de la acción de inconstitucionalidad.
 
 "Los coordinadores consideran que ese acuerdo es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional, y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el Gobierno federal.
 
 "Las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales", argumentan en el escrito presentado a Gutiérrez Luna.
 
 Sostienen que se exceptúa por decreto el cumplir los requisitos establecidos en ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos, y se catalogan, "por simple enunciación presidencial", como prioritarios y de seguridad nacional.
 
 También explican que el "decretazo" vulnera la disposición legal de que las autorizaciones que se tramiten sólo se otorgarán si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia.
 
 Ello implica, advirtieron, que no habrá evaluaciones de impacto ambiental ni de impacto social de los proyectos.
 
 Con las autorizaciones provisionales, se crea una figura no prevista en la ley, alertaron.
 
 "Al catalogarse como de interés público y de seguridad nacional esos proyectos podrán ser clasificados y la información relativa a ellos no será de naturaleza pública, y en consecuencia se alentará la opacidad", señalan los coordinadores en su escrito.
 
 Agregan que el acuerdo viola las atribuciones conferidas exclusivamente al Poder Legislativo, al instruir la realización de acciones sin atender o subordinarse a las leyes que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes Federales y Generales que fueron votadas y aprobadas por dicho Poder Legislativo.
 
 Esto quebranta el principio de división de poderes establecida en la Carta Magna, alegan en la petición a Gutiérrez Luna.
 
 Mencionan que cada uno de estos puntos han sido además expresados y respaldados por diversos especialistas en materia jurídica y colegios de profesionistas en derecho, al afirmar que hay elementos para presentar la demanda.
 
 La petición de la Oposición para que la Cámara de Diputados presente la controversia constitucional se da luego que Sergio Gutiérrez Luna ha sido señalado de no actuar institucionalmente y sin tomar en cuenta a otras fuerzas políticas, por presentar una controversia contra el INE y demandas penales contra consejeros electorales, con motivo de la organización de la revocación de mandato y la falta de presupuesto.
 
 En el Senado, la oposición hizo la misma petición a Olga Sánchez Cordero.
 
 La presidenta de la Cámara de Senadores se negó a promover la demanda, con el argumento de que era improcedente y no había agravio contra el Senado, por lo que fue duramente criticada.