El pasado fin de semana por varias cuentas en redes sociales, se manejó el rumor que la ex Secretaria de Salud Mónica Rangel contaba con una orden de aprehensión por el monumental fraude tan ampliamente conocido. Más tarde, circuló la versión que ya estaba detenida y dormiría en La Pila. Tras verificar esto en la fiscalía general, finalmente se supo que todo eran simples especulaciones y una nota falsa lanzada en redes muy bien planeada.
Pero ni tardo ni perezoso, el consejero nacional de Morena Alejandro Rojas salió en defensa de la tan cuestionada ex funcionaria estatal y mediante un video se aventó a la yugular, diciendo que “quien saqueó las arcas públicas del gobierno de San Luis Potosí por instrucción directa de Juan Manuel Carreras fue su , ex secretario de finanzas y hermano del candidato a gobernador de la alianza SI por San Luis”. Exigió que a ellos es a quien la fiscalía general debería de poner ante un juez. Ellos maquinaron varios fraudes y desvíos entre ellos de la Secretaría de Salud y menciona que en su momento denunció que por medio de una triangulación se robaron 900 millones de pesos. Que el gobierno de San Luis haga justicia y no persiga políticamente a la doctora Mónica Rangel.
En este reparto de culpas, queda claro la existencia de un trasfondo y que nada fue espontáneo. Alejandro Rojas da a entender que su defendida también robó, pero que los que se llevaron la mayor parte del pastel fueron los hermanos Gaitán. Nada dijo de los resultados de las auditorias tanto del estado como federal que detectaron impresionantes corruptelas y que no nos quieran dar atole con el dedo tratando de liberar la responsabilidad a Mónica Rangel, si la cabeza de los Servicios de Salud no estuviera de acuerdo, sería imposible que se realizará esa descarada y colosal estafa. Ahí están todos coludidos.
Es importante señalar, que sí existen al menos dos denuncias penales en la fiscalía general del Estado donde se involucra a Mónica Rangel en delitos como fraude, peculado, lavado de dinero, robo de identidad, falsificación de firmas y uso de documentos apócrifos donde se desviaron fuertes cantidades de dinero público.
Obviamente la ex funcionaria carrerista debe estar bastante preocupada porque dos de sus cercanos operadores ya se encuentran presos, el primero fue el químico Raúl Trejo presunto autor intelectual del asesinato del líder de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo y recientemente Gabriel Salazar Soto por el caso de Invercorp. Si estás personas abren la boca, por fin se va poder conocer con mayor detalle como operaba toda la red al interior de los Servicios de Salud, que es lógico, estaba encabezada desde la cúpula.
En poco tiempo sabremos hasta donde realmente va ir la nueva administración estatal y la fiscalía general del Estado, ya que la tan sonada “herencia maldita” simplemente no puede quedar intocable.