La denuncia de abusos por parte de policías de Veracruz contra un comerciante y sus empleados fue llevada ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y hasta al Senado, que ya investiga otros casos de abuso de autoridad en la entidad.
José Antonio May González interpuso una denuncia ante la FGR por la tortura y tratos denigrantes cometidos por agentes ministeriales y estatales contra, por lo menos, tres de sus empleados durante una irrupción en junio pasado a su negocio, donde acusa el despojo de 1.5 millones de pesos, más de media tonelada de cerveza y una camioneta.
Los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio en un negocio del Municipio de Río Blanco, donde, de acuerdo con imágenes captadas por siete cámaras de seguridad, uno de los empleados, identificado como Mayami Mayahua Sánchez, fue golpeado a puñetazos y patadas por dos elementos de la Policía estatal, mientras era sujetado por otro.
Esto a la vista de mandos de la Policía Ministerial, quienes llevaron a cabo un supuesto cateo a una bodega de la empresa Comercializadora de Abarrotes Maga, propiedad de May González, quien acusa que el no otorgar el apoyo al aspirante morenista por la Alcaldía de este Municipio le trajo problemas con las autoridades.
A Mayahua le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza mientras recibía la golpiza por parte de los agentes, quienes irrumpieron en la bodega porque supuestamente fueron alertados sobre que hombres armados robaban cerveza y que en ese lugar se encontraba una persona secuestrada.
Al sitio llegaron unos 30 agentes ministeriales y de la Policía Estatal, pero sus versiones ante el Ministerio Público se pusieron en entredicho luego de que sus acciones fueron grabadas por las cámaras.
Los horarios y hechos, integrados en la carpeta de investigación por parte de los agentes, no concuerdan con lo grabado por la video vigilancia, aún así, acusaron a dos empleados por ultrajes a la autoridad, porque supuestamente uno los amenazó con un machete y otro con un arma de fuego, situación que no se observa en las grabaciones.
En las imágenes se observa el sometimiento al vigilante y después a más de veinte empleados que laboraban en la bodega.
El empresario señala que la agresión podría ser debido a una venganza, pues recuerda que fue intimidado por el actual Edil Ricardo Pérez, quien resultó electo por la coalición "Juntos Haremos Historia".
"Yo decidí apoyar a Lizbeth González Lozano postulada por el PAN, por su carrera, por su trayectoria, así como decidí votar por el Presidente Andrés Manuel López Obrador", recordó.
Tras acusar que la denuncia contra el abuso policiaco está congelada en la Fiscalía General de Veracruz, relata que decidió llevar el caso ante la FGR, que recibió su denuncia por actos de tortura y tratos inhumanos o degradantes el 9 de julio de 2021.
La Fiscalía Investigadora en delitos Diversos de la FGR abrió la carpeta de investigación FED/VER/CORD/0002225/2021 contra varios elementos de la Policía Ministerial de Investigación de la Fiscalía General del Estado que encabeza Verónica Hernández Giadáns.
La denuncia también apunta contra diversos efectivos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, que dirige Hugo Gutiérrez Maldonado.
Además de la tortura y tratos inhumanos o degradantes, la FGR, a través del Fiscal Auxiliar Emilio Andrés Gutiérrez Muñoz, investiga el abuso de autoridad y el robo agravado --cometido con armas y medios violentos-- de un millón 509 mil pesos en efectivo, más de media tonelada de cerveza y una camioneta Ford F-150.
El abuso policiaco también fue llevado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 29 de diciembre pasado.
Ese organismo envió en la última semana de diciembre la Recomendación 146/2021 al Gobierno de Veracruz, por la detención ilegal e injustificada de seis jóvenes en Xalapa por parte de ministeriales y policías estatales, acusados de ultrajes a la autoridad, un delito con el que también han ido a prisión políticos opositores del Gobierno de Cuitláhuac García.
La CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, pidió al Mandatario iniciar el proceso legislativo para derogar el delito de ultrajes a la autoridad.
May González también urgió el apoyo de los senadores Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política; y de Sasil de León Villard, Miguel Mancera, Raúl Bolaños-Cacho, Beatriz Paredes, Julen Rementería, Oscar Ramírez Aguilar y Dante Delgado, integrantes de la Comisión Especial para investigar casos de abuso de autoridad en Veracruz, quienes recibieron copia de las grabaciones el pasado 3 de enero.
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